DERECHO%20ADMINISTRATIVO%20PUERTORRIQUE

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DERECHOADMINISTRATIVOPUERTORRIQUEÑO

• Texto Fernández, Demetrio, Derecho
  Administrativo y Ley de Procedimiento
  Administrativo Uniforme, FORUM (2201)

2
Sobre las fuentes

• Texto Sección 2103 de la LPAU.
• Este capítulo se aplicará a todos los
  procedimientos administrativos conducidos ante
  todas las agencias que no están expresamente
  exceptuados por el mismo.

3
Golden Tower

• La ausencia de uniformidad produce inestabilidad
  y confusión a la ciudadanía que vive sujeta a
  reglamentaciones complejas y desconocidas.
• La medida sistematiza y crea un cuerpo uniforme
  de reglas mínimas que toda agencia deberá
  observar al formular reglas y reglamentos que
  definan los derechos y deberes legales de una
  clase particular de personas.
• Contiene, además, otro cuerpo de normas distintas
  para gobernar las determinaciones de una agencia
  en procesos adjudicativos al emitir una orden o
  resolución que define los derechos y deberes
  legales de personas especificas.
• La legislación establece, además, un
  procedimiento uniforme de revisión judicial a la
  acción tomada por la agencia al adoptar un
  reglamento o al adjudicar un caso. Dispone,
  además, para la utilización máxima de
  procedimientos informales antes de agotar la
  etapa formal decisional.

4
La importancia de la LPAU

• Valores
• Esta ley se inspira en el propósito de brindar
  a la ciudadanía servicios públicos de alta
  calidad, eficiencia, esmero, prontitud, y se
  aplicará e interpretará liberalmente para
  alcanzar dichos propósitos con el resguardo de
  las garantías básicas al debido procedimiento de
  ley (énfasis suplido) 1988 Leyes de Puerto Rico
  825-826. De una somera lectura de la antes
  transcrita "exposición de motivos'' de la citada
  Ley Num. 170, resulta meridianamente claro que
  fue la expresa intención del legislador --al
  crear o establecer un procedimiento uniforme de
  revisión judicial, relativo el mismo a la
  revisión de las decisiones o determinaciones
  tomadas por las agencias administrativas o
  departamentos del Estado Libre Asociado de Puerto
  Rico, a las cuales dicha ley aplica-- la de que
  esta ley prevalezca sobre toda disposición legal,
  relativa a una agencia en particular, que sea
  contraria a las disposiciones de la misma.

5
Campo del Derecho Administrativo

• Determinar los poderes que pueden ser ejercitados
  por los organismos administrativos.
• Delimitar los principios que gobiernan el
  ejercicio de los poderes delegados.
• Proveer los remedios legales correspondientes a
  los afectados por la acción administrativa.

6
Principios del Derecho Administrativo

• 1. Las agencias administrativas dentro de nuestro
  sistema constitucional, sólo son criaturas de la
  Asamblea Legislativa su ley habilitadora
  delimita su ámbito de autoridad todo estudio en
  el ámbito del Derecho Administrativo aplicable,
  comienza por la ley orgánica de la agencia
  concernida, junto con la Ley de Procedimiento
  Administrativo Uniforme en aspectos procesales
  la Ley de Procedimiento prevalece sobre la ley
  orgánica, cf. Golden Tower.

7
Principios del Derecho Administrativo

• 2. La existencia de agencias administrativas se
  justifica y explica en función del presunto
  conocimiento especializado en la materia delegada
  y la necesidad de ponerla en manos de
  funcionarios expertos de allí la amplia
  deferencia conferida por tribunales y
  legislaturas a las decisiones de las agencias.
• 3. Los tribunales desempeñan un papel muy
  limitado en la supervisión de la acción
  administrativa en lo procesal y en lo sustantivo
  es muy poco probable una intervención judicial
  antes del agotamiento de los remedios
  administrativos hay que concentrar los esfuerzos
  ante el organismo administrativo.

8
Principios del Derecho Administrativo

• 4. Las agencias administrativas resuelven gran
  parte de sus asuntos informalmente la ausencia
  de reglamentación al respecto debe ser objeto de
  estudio político y jurídico.

9
Principios del Derecho Administrativo

• 5. El asunto medular es usar el Derecho
  Administrativo para velar por un proceso
  transparente y justo, y como instrumento para
  evitar actuaciones arbitrarias.

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Límites del Derecho Administrativo1. Partidismo
e institucionalidad

• CASO Misión Industrial vs. de Planificación 98
  TSPR 86
• Hechos La Junta de Planificación aprobó el
  Supertubo en tiempo récord. El Circuito de
  Apelaciones la revocó. La Legislatura revoca al
  Circuito autorizando la construcción.
• Asunto de Derecho Administrativo
• Nos corresponde considerar, en primer lugar, la
  constitucionalidad de la Ley Núm. 19 de 12 de
  junio de 1997, la cual autorizó a la Autoridad de
  Acueductos y Alcantarillados a continuar con la
  construcción del Superacueducto de la Costa
  Norte, luego de que el Tribunal de Circuito de
  Apelaciones dictara sentencia el 20 de mayo de
  1997 revocando la resolución de la Junta de
  Planificación de Puerto Rico, fechada en 5 de
  julio de 1996, mediante la cual aprobó la
  consulta de ubicación del proyecto. En segundo
  lugar, debemos examinar la corrección de la
  referida sentencia del Tribunal de Circuito de
  Apelaciones.

11
Límites del Derecho Administrativo1. Partidismo
e institucionalidad

• El principio constitucional de separación de
  poderes representa la expresión jurídica de la
  teoría de gobierno que pretende evitar la tiranía
  - la concentración indebida del poder en una
  misma fuente - mediante la distribución
  tripartita del poder estatal. En el ordenamiento
  jurídico puertorriqueño, el principio de
  separación de poderes emana de la Sección 2 del
  Artículo I de la Constitución, la cual establece
  la forma republicana de gobierno para el Estado
  Libre Asociado.

12
Misión Industrial

• La división de los poderes legislativo, ejecutivo
  y judicial que establece la Constitución, sin
  embargo, no significa la independencia absoluta
  entre éstos. Por el contrario, la interacción que
  la Constitución establece entre las funciones de
  las ramas de gobierno crea un sistema de pesos y
  contrapesos con el propósito de generar un
  equilibrio dinámico entre poderes coordinados y
  de igual rango, y evitar así que ninguno de éstos
  amplíe su autoridad a expensas de otro.
  Conscientes de la relación dinámica que debe
  existir entre los poderes públicos, hemos
  adoptado un criterio flexible y pragmático de la
  doctrina de separación de poderes.

13
Misión Industrial

• Al analizar específicamente el problema de la
  división entre las ramas de gobierno rechazamos
  la aplicación rígida de la doctrina de separación
  de poderes, reiterando nuestros pronunciamientos
  en Banco Popular v. Corte, 63 D.P.R. 66 (1944).
• Propusimos, por lo tanto, "echar a un lado la
  descripción y examinar cada situación,
  determinando en un caso específico
• (1) si la función específica ha sido expresamente
  asignada por la Constitución a la rama
  gubernamental que trata de ejercitarla, o
• (2) si su ejecución por tal rama es un incidente
  necesario para otras funciones que le han sido
  expresamente conferidas". Id. Al determinar
  esta última cuestión es irrelevante el hecho de
  que una rama pueda usar los métodos, técnica y
  equipo tradicionalmente usados por otra.

14
Misión Industrial

• Debemos distinguir "entre facultades que integran
  la entraña misma del sistema y poderes
  trasladables, por razones de peso, a otras
  ramas", id., y, "a la luz de las circunstancias
  históricas prevalecientes, delimitar los
  contornos de los poderes públicos para evitar la
  concentración indebida de poderes y promover el
  más eficiente funcionamiento del sistema".
  Nogueras v. Hernández Colón I, supra, en las
  págs. 426-27.
• Nuestra jurisprudencia sobre separación de
  poderes refleja esa preocupación por mantener un
  equilibrio adecuado entre las ramas que integran
  nuestro sistema de gobierno. En unos casos hemos
  atendido la situación en la que una rama
  interfiere con otra debilitando su autoridad o
  independencia.

15
Misión Industrial

• En Hernández Agosto v. López Nieves, supra, en la
  pág. 620, resolvimos que los cargos que requieren
  el consejo y consentimiento del Senado no pueden
  ser ocupados interinamente de forma indefinida,
  pues, de lo contrario, "podría evadirse con
  facilidad el poder de confirmación del Senado,
  inclinarse pesadamente la balanza del lado de la
  Rama Ejecutiva y romperse el equilibrio que
  persigue la cláusula de separación de poderes".
• No obstante, en Nogueras v. Hernández Colón I,
  supra, en la pág. 427, resolvimos que la creación
  de una doble sesión ordinaria por parte de la
  Legislatura no interfiere indebidamente con el
  poder ejecutivo, ya que el Gobernador aún
  conserva sus facultades constitucionales para
  convocar a la Asamblea Legislativa a sesión
  extraordinaria, hacer nombramientos de receso y
  efectuar vetos de bolsillo.

16
Misión Industrial

• La Ley 19 es en realidad una adjudicación de la
  validez de esos permisos, así como de la validez
  de la resolución de la Junta de Planificación que
  aprobó la consulta de ubicación del SAN. El
  antepenúltimo párrafo del artículo 2 de la ley
  declara efectivamente que "la tramitación del
  proyecto... en la fase administrativa fue
  correcta, cumpliéndose con las leyes, los
  reglamentos y la política pública vigentes". La
  segunda oración del artículo 6, por su parte,
  ordena que "todos aquellos permisos... y
  procedimientos administrativos, incluyendo los
  de... consultas públicas y de ubicación, que
  hayan sido obtenidos o realizados
  administrativamente para el desarrollo del... SAN
  con anterioridad a la vigencia de... la Ley 19,
  se entenderán vigentes...".

17
Misión Industrial

• El poder de revisar una sentencia le corresponde
  a la rama judicial. Es una facultad que integra
  la entraña misma del poder que la Sección 1 del
  Artículo V de la Constitución les asigna
  exclusivamente a los tribunales. No es una
  facultad compartida con el poder legislativo, ni
  trasladable a éste por razón alguna. Si bien es
  cierto que el principio de separación de poderes
  debe ser aplicado flexiblemente, esa flexibilidad
  "no significa que lo que es la esencia de la
  función judicial pueda ser destruido,
  convirtiendo el poder para decidir en una débil
  oportunidad para consultar y recomendar". Banco
  Popular v. Corte, supra, en la pág. 76.

18
Misión Industrial

• La revisión judicial de las decisiones
  administrativas comprende tres aspectos (1) la
  concesión del remedio apropiado, (2) las
  determinaciones de hechos y (3) las conclusiones
  de derecho del organismo administrativo. Véanse,
  LPAU, sec. 4.5, 3 L.P.R.A. 2175 (1992) Reyes
  Salcedo v. Policía de Puerto Rico, op. de 13 de
  mayo de 1997, 97 J.T.S. 58, en la pág. 958
  Demetrio Fernández Quiñones, Derecho
  administrativo y Ley de Procedimiento
  Administrativo Uniforme 9.3, en la pág. 521
  (1993). Su propósito fundamental es delimitar la
  discreción de los organismos administrativos y
  asegurar que éstos desempeñan sus funciones de
  conformidad con la ley.

19
Misión Industrial

• No obstante, reconociendo la importancia de las
  agencias públicas en nuestro sistema de gobierno,
  y debido a que éstas cuentan con la experiencia y
  los conocimientos especializados en los asuntos
  que le han sido encomendados, hemos resuelto
  reiteradamente que sus decisiones e
  interpretaciones son generalmente acreedoras de
  deferencia judicial. citas.
• "Las decisiones administrativas tienen a su favor
  la presunción de legalidad y corrección." Murphy
  Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699
  (1975) (citas omitidas). Esta presunción de
  regularidad y corrección "debe ser respetada
  mientras la parte que la impugne no produzca
  suficiente evidencia para derrotarla". citas.

20
Misión Industrial

• Al ejercer su función, el tribunal debe examinar
  primero si la actuación del organismo
  administrativo se ajusta al poder que le ha sido
  delegado citas, pues de lo contrario su
  actuación sería ultra vires y, como consecuencia,
  nula. citas.
• En relación con las determinaciones de hechos de
  la agencia, la sección 4.5 de la LPAU preceptúa
  que éstas deben ser sostenidas por el tribunal
  revisor siempre que estén basadas en "evidencia
  sustancial" contenida en el expediente
  administrativo. 3 L.P.R.A. 2175 (1992)
• Las conclusiones de derecho de la agencia,
  distinto de las determinaciones de hechos, pueden
  ser revisadas "en todos sus aspectos por el
  tribunal", LPAU, sec. 4.5, 3 L.P.R.A. 2175
  (1992), sin sujeción a norma o criterio alguno.
  citas.

21
Misión Industrial

• Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su
  función revisora, el tribunal pueda descartar
  libremente las conclusiones e interpretaciones de
  la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por
  el propio. Al contrario, hemos reiterado
  consistentemente - antes y después de la vigencia
  de la LPAU - que, de ordinario, los tribunales
  deben deferir a las interpretaciones y
  conclusiones de los organismos administrativos.
  citas. Esta deferencia responde al
  reconocimiento de que "las agencias
  administrativas son instrumentos necesarios para
  la interpretación de la ley". citas.
• Las conclusiones de derecho del organismo
  administrativo, claro está, se deben sujetar al
  mandato de la ley y, en la medida que lo hagan,
  deben ser sostenidas por el tribunal revisor.
  citas. En los casos dudosos, la interpretación
  de un estatuto por la agencia encargada de velar
  por su cumplimiento merece deferencia sustancial,
  aun cuando esa interpretación no sea la única
  razonable. citas. Esa interpretación se debe
  ajustar "al fundamento racional o fin esencial de
  la ley y la política pública que la inspiran".
  citas.

22
Misión Industrial

• El criterio de revisión que el tribunal debe
  aplicar es, pues, el de razonabilidad,
  sosteniendo las conclusiones e interpretaciones
  administrativas siempre que la agencia no haya
  actuado arbitraria o ilegalmente, o en abuso de
  su discreción. citas. Al hacer esta
  determinación, el tribunal debe considerar,
  además, la experiencia y los conocimientos
  especializados que tenga el organismo
  administrativo sobre los asuntos que le han sido
  encomendados, distinguiendo entre "cuestiones de
  interpretación estatutaria, en las que los
  tribunales son especialistas, y cuestiones
  propias para la discreción o pericia
  administrativa". citas.

23
Misión Industrial

• La revisión de la resolución de la Junta
  aprobando el proyecto del SAN se debió sujetar a
  los parámetros expuestos. El Tribunal de
  Circuito, sin embargo, estimó que en este caso
  procedía, "como cuestión de derecho", aplicar un
  criterio de revisión más estricto. Véase,
  Sentencia, en la pág. 46. Al hacerlo, erró.
  Esto, sin embargo, no dispone del presente
  recurso.
• La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución
  de Puerto Rico establece Será política pública
  del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la más
  eficaz conservación de sus recursos naturales,
  así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de
  los mismos para el beneficio general de la
  comunidad
• Conscientes de esta preocupación hemos expresado
  que la Sección 19 del Artículo VI "no se reduce a
  un mero postulado de principios" y que, por lo
  tanto, su importancia "no debe ser
  menospreciada". citas. La política pública
  sobre los recursos naturales enunciada en esta
  disposición constitucional "es una protección
  frente al Estado, la sociedad, el gobierno e
  incluso el hombre...". Paoli Méndez v.
  Rodríguez, supra, en la pág. 872. La Sección 19
  del Artículo VI, pues, establece un derecho
  público - común de la ciudadanía - y le impone al
  Estado el deber de aprovechar, desarrollar y
  proteger sus recursos naturales en el mayor grado
  y de la manera más eficaz posibles, para
  beneficio y disfrute de todos los ciudadanos.

24
Misión Industrial

• La Sección 19, sin embargo, no establece guías
  específicas para la implantación de la política
  pública sobre los recursos naturales. Por lo
  tanto, le corresponde implantarla a la Asamblea
  Legislativa mediante la aprobación de la
  legislación correspondiente. Con este propósito,
  la Legislatura aprobó, entre otras, la Ley Núm. 9
  de 18 de junio de 1970, conocida como la "Ley
  sobre Política Pública Ambiental". La política
  pública enunciada en esta ley responde
  "claramente" al mandato de la Sección 19 del
  Artículo VI. Salas Soler v. Srio. de
  Agricultura, 102 D.P.R. 716, 723 (1974)
  (refiriéndose al artículo 3 de la Ley sobre
  Política Pública Ambiental). Y, según lo ordena
  su artículo 4, es "en estricta conformidad" con
  esta política pública que se tienen que
  interpretar, implantar y administrar, "al máximo
  grado posible,... todas las leyes y cuerpos
  reglamentarios vigentes". 12 L.P.R.A. 1124
  (1997).

25
Misión Industrial, Fuster, parte disidente

• Para mí el problema radica en que la Junta de
  Planificación actuó festinadamente al aprobar la
  consulta de ubicación del superacueducto. El
  obvio interés de esa agencia en darle el visto
  bueno al proyecto la llevó a considerar a la
  ligera y muy apresuradamente las medulares
  cuestiones que debía sopesar con cuidado, en
  vista de la magnitud del proyecto en cuestión.
• Cuando se examinan en conjunto la totalidad de
  objeciones identificadas por el foro apelativo en
  su fundamentada sentencia de 20 de mayo de 1997,
  es difícil concluir que la Junta actuó
  correctamente al aprobar la consulta de
  ubicación. Reconozco que la función judicial al
  revisar determinaciones de organismos
  administrativos es limitada. Pero la misma
  normativa que restringe nuestra revisión en estos
  casos nos obliga a considerar el expediente
  administrativo en su totalidad. Véase, Facultad
  Ciencias Sociales v. Consejo de Educación
  Superior, opinión del Tribunal del 2 de junio de
  1993, 134 D.P.R. ___, 93 JTS 88. Visto de esa
  manera, en todos los numerosos e importantes
  aspectos pertinentes, no puedo en conciencia
  afirmar que la decisión de la Junta fue
  fundamentada y razonable, de modo tal que
  mereciese la deferencia del foro apelativo y la
  nuestra.

26
Misión Industrial, Negrón García, concurrente

• Las revisiones administrativas en áreas que
  afectan el medio ambiente son delicadas, pues
  están íntimamente relacionadas con la salud y
  seguridad pública. Usualmente, quienes cuestionan
  a las agencias, son grupos o personas de escasos
  recursos económicos, que reclaman remedios
  rápidos y acusan al sistema de estar influenciado
  por intereses especiales, afectado por las
  corrientes políticas, o paralizado por la
  mediocridad de las agencias. Por otro lado, las
  determinaciones administrativas en esta área
  están sumergidas en consideraciones técnicas y
  científicas que afectan la sociedad en general y
  requieren que se interpreten en forma
  consistente, uniforme y abarcadora. Los
  tribunales no tienen el conocimiento pericial
  necesario para establecer política ambiental.
  Ello genera gran deferencia judicial. William H.
  Rodgers, Jr., Environmental Law, págs. 40 et
  seq., (1977). Ante esta situación, algunos
  tribunales han optado por dar gran deferencia a
  las determinaciones sustantivas de las agencias
  en aspectos ambientales, pero analizan
  ponderadamente el procedimiento utilizado. K.W.
  Marcel, ob. cit., pág. 424-425.
• En resumen, en el área de derecho ambiental nos
  encontramos con el escrutinio severo (hard
  look) para revisar las acciones de las agencias
  bajo el poder de reglamentación (no
  adjudicativo), o describir el análisis que se le
  requiere cuando está considerando los efectos
  ambientales de sus acciones. Incidió al aplicarlo
  el Tribunal de Circuito al revisar la validez de
  la Consulta de Ubicación.

27
Misión Industrial, Mayoría

• El propósito de la regla de evidencia sustancial
  aplicable a las determinaciones de hechos es
  "evitar la sustitución del criterio del organismo
  administrativo en materia especializada por el
  criterio del tribunal revisor". citas.
  Evidencia sustancial, según la hemos definido
  anteriormente, "es aquella evidencia relevante
  que una mente razonable podría aceptar como
  adecuada para sostener una conclusión". Hilton
  Hotels v. Junta de Salario Mínimo, supra, en la
  pág. 687. Consecuentemente, para convencer al
  tribunal de que la evidencia en la cual se basó
  la agencia para formular una determinación de
  hecho no es sustancial, la parte afectada debe
  demostrar que existe otra prueba en el récord que
  reduzca o menoscabe el valor probatorio de la
  evidencia impugnada, hasta el punto de que no se
  pueda concluir que la determinación de la agencia
  fue razonable de acuerdo con la totalidad de la
  prueba que tuvo ante su consideración. citas.
  No obstante, el tribunal debe sostener la
  resolución de un conflicto probatorio por parte
  de la agencia, siempre que ésta se haya apoyado
  en una base racional. citas.

28
Misión Industrial

• El poder de revisar una sentencia le corresponde
  a la rama judicial. Es una facultad que integra
  la entraña misma del poder que la Sección 1 del
  Artículo V de la Constitución les asigna
  exclusivamente a los tribunales. No es una
  facultad compartida con el poder legislativo, ni
  trasladable a éste por razón alguna. Si bien es
  cierto que el principio de separación de poderes
  debe ser aplicado flexiblemente, esa flexibilidad
  "no significa que lo que es la esencia de la
  función judicial pueda ser destruido,
  convirtiendo el poder para decidir en una débil
  oportunidad para consultar y recomendar" .

29
Límites del Derecho Administrativo 2.
Informalidad

• Sección 2101 LPAU
• Se declara como política pública del Estado Libre
  Asociado el alentar la solución informal de las
  controversias administrativas de manera que
  resulte innecesaria la solución formal de los
  asuntos sometidos ante la agencia. Las agencias
  establecerán las reglas y procedimientos que
  permitan la solución informal de los asuntos
  sometidos ante su consideración sin menoscabar
  los derechos garantizados por este capítulo. Esta
  sección tiene el propósito de alentar, pero no
  requiere u obliga a una parte a someter y
  resolver una controversia a través de medios
  informales.

30
El arte de negociar

• Separar el asunto de atención de los problemas
  personales
• Concentrar la atención en los intereses en torno
  al asunto y no en las posiciones de las partes
• Inventar alternativas de mutuo beneficio
• Insistir en el criterio objetivo

31
El insight de John NashA Beautiful Mind

• Adam Smith decía
• El mejor resultado se obtiene cuando cada uno
  persigue sus propios intereses
• John Nash demostró matemáticamente que
• El mejor resultado se obtiene cuando cada uno
  persigue lo que es mejor para sí mismo y para el
  grupo

32
Áreas del derecho administrativo

• Reglamentación
• Adjudicación
• Licencias, franquicias o permisos
• Proceso investigativo
• Subastas

33
Delegación de poderes

• La doctrina de separación de poderes
• Misión Industrial
• La doctrina de delgación de poderes
• Viajes Gallardo

34
Viajes Gallardo

• CASO Viajes Gallardo vs. Clavell, 131 D.P.R.
  275 (1992)
• Hechos Viajes Gallardo ofreció un paquete de
  turismo que incluyó alojamiento. El alojamiento
  fue un desastre para los Clavell. La Comisión de
  Servicio Público con su delegación de poderes
  sobre venta u ofrecimiento en venta de pasajes
  en Puerto Rico, adjudicó todo el asunto de
  alojamiento multó y concedió daños.
• Asunto de Derecho Administrativo
• Tenemos que determinar inicialmente si la
  Comisión de Servicio Público tenía jurisdicción
  para resolver disputas referentes a los servicios
  prestados por una agencia de viajes consistentes
  en gestionar alojamiento para sus clientes
  durante un viaje fuera de Puerto Rico.
• Establecido que la Comisión de Servicio Público
  tenía autoridad para resolver disputas sobre la
  actividad de alojamiento, veamos si la querellada
  incurrió en una violación que amerite la
  concesión de daños a tenor con el Art. 20 de la
  Ley de Servicio Público.

35
Viajes Gallardo

• Al enumerar a través del reglamento los servicios
  que podían realizar las agencias de pasajes, la
  Comisión cumplió con el mandato legislativo de
  delimitar específicamente las actividades
  concretas que quedarían sujetas a reglamentación
  a tenor con el amplio poder conferido a la
  Comisión. Una vez el legislador concedió
  autoridad a la Comisión para reglamentar una
  empresa que presta un servicio de gran interés a
  la comunidad, le delegó no sólo poder para
  reglamentar las funciones tradicionales que esa
  empresa realiza, sino también para fiscalizar
  aquellas otras que surgen de la actividad
  principal.

36
Viajes Gallardo

• ...No es indispensable que la ley fije normas
  detalladas y minuciosas. Dadas las condiciones
  sociales y económicas modernas, (l) la
  Legislatura no puede considerar los detalles de
  los programas de gobierno su función esencial es
  la de establecer pautas generales y si tratase de
  intervenir en los detalles no podría desempeñarla
  a cabalidad (2) con frecuencia es preciso
  desarrollar programas que exigen la supervisión
  constante, el conocimiento técnico y la
  experiencia especializada de organismos
  administrativos y (3) siempre resulta esencial
  para la realización efectiva de esos programas
  conceder un amplio margen de discreción a dichos
  organismos. Por eso, la delegación de poderes
  puede hacerse constitucionalmente a base de
  normas amplias y generales. "López v.Junta de
  Planificación, 80 D.P.R. 646, 661 (1958).

37
Viajes Gallardo

• No estamos aquí ante una situación en que una
  empresa realiza una actividad que claramente no
  estaba sujeta a reglamentación y fiscalización
  por la Comisión, como ocurrió en el caso de
  Puerto Rico Lighterage Co.
• Fue en ese contexto que este Tribunal señaló que
  la Comisión y los tribunales no pueden añadir
  tipos de empresas a los que define la Asamblea
  Legislativa como de servicio público, ni asumir
  jurisdicción sobre actividades que no estén
  autorizadas por ley.

38
Viajes Gallardo

• En el caso que nos ocupa la actividad a regularse
  (servicio de reserva de alojamiento) no sólo está
  íntimamente relacionada con la actividad
  principal de la agencia de viajes sino que incide
  sobre dicha actividad. Las agencias de pasajes
  bajo pretexto de ofrecer un "viaje integral"
  ("package tour") pueden disfrazar un alza en la
  tarifa de los boletos de viaje y sacrificar la
  calidad del lugar de alojamiento para obtener una
  ganancia. Esto definitivamente incide sobre la
  actividad de venta de boletos ya que puede tener
  un impacto negativo en el consumidor en cuanto al
  precio del pasaje y en cuanto a la calidad de
  servicio en el alojamiento. Limitar la
  jurisdicción de la Comisión a regular sólo la
  venta pasajes, dado el amplio desarrollo que
  había ocurrido en los negocios y servicios de
  esas agencias, que incluían otras actividades de
  tanta o más importancia que la venta en sí del
  pasaje, era dejar a la Comisión prácticamente
  inoperante en lo que a reglamentación de dichas
  agencias se refiere.

39
Viajes Gallardo

• La creciente complejidad de la vida moderna y la
  multiplicación de los eventos y servicios a
  fiscalizarse hacían necesaria la delegación de
  poderes por la Asamblea Legislativa a un
  organismo especializado que pudiese encararlo en
  todos sus frentes. Esta delegación de autoridad
  bajo criterios amplios no se cuestiona hoy día.
  Si la reglamentación promulgada por la agencia
  para implementar la encomienda que se le ha hecho
  cae dentro de los amplios poderes delegados, y no
  es arbitraria o caprichosa, tiene el visto bueno
  judicial. citas.

40
Viajes Gallardo

• Al aprobar la Ley Núm. 50 ampliando los poderes
  de la Comisión, el legislador tuvo dos propósitos
  distintos aunque íntimamente relacionados entre
  sí. Como tantas veces ocurre en estas
  situaciones, el legislador quiso adicionar nuevas
  facultades a la Comisión, a la vez que aclaraba
  otras facultades que la Comisión ya tenía pero
  que requerían definición más expresa a tenor con
  las nuevas situaciones creadas por el desarrollo
  económico y los avances tecnológicos. Uno de los
  asuntos que el legislador quiso aclarar fue
  precisamente el relacionado con las facultades
  existentes de la comisión respecto a los
  servicios de alojamiento prestados por las
  agencias de viajes.

41
Viajes Gallardo

• SOBRE LA CONCESIÓN DE DAÑOS
• Este Tribunal, interpretando el alcance y
  contenido del Art. 20, señaló en el caso de Vera
  v. Paversi, 116 D.P.R. 55, 58 (1985) "Somos del
  criterio que dicho precepto legal faculta a la
  Comisión de Servicio Público a conceder
  indemnización monetaria a un usuario de una
  compañía de servicio público, o porteador por
  contrato, únicamente en aquellos casos en que
  éste se ve afectado o sufre daños (l) al ser
  'víctima' de una tarifa, práctica puesta en
  vigor, acto u omisión que (a) infrinja cualquier
  orden de la Comisión, o (b) que resulta injusta o
  irrazonable, o (c) que establece diferencias o
  preferencias injustificadas o indebidas, y, (2)
  cuando le es cobrada una tarifa que excede la
  radicada, publicada y vigente a la fecha en que
  se prestó el servicio."

42
Viajes Gallardo

• A tenor con lo señalado en Vera, una reclamación
  pura de derecho civil es aquella en la que no se
  requiere ninguna clase de conocimiento
  especializado para resolver la reclamación en
  controversia. Aunque exista una relación
  usuario-compañía de servicios, ésta queda opacada
  por los derechos y la posible responsabilidad de
  terceros. En cambio, cuando la reclamación tiene
  una relación directa y sustancial con el servicio
  público que presta la empresa, se requiere
  aplicar el conocimiento especializado de la
  agencia para resolver la reclamación. Véase,
  Rovira v. Puerto Rico Telephone Co., 96 D.P.R.
  47, 52-53 (1968).
• En este caso existe una reclamación que tiene una
  relación directa y sustancial con el servicio
  público que presta la empresa. La Comisión,
  aplicando su conocimiento especializado sobre
  estos asuntos, determinó que la agencia
  querellada no proveyó alojamiento que fuese
  adecuado. Ello surge claramente de las
  determinaciones de hecho de la Comisión en el
  sentido de que en el motel que se le consiguió a
  los querellantes el aire acondicionado no
  funcionaba, el lavamanos del baño estaba tapado,
  la estufa era prácticamente inservible y el lugar
  ofrecía poca seguridad.

43
Viajes Gallardo

• El hurto no fue un incidente que opacara la
  relación usuario-compañía de servicio público,
  como ocurrió en el caso de Vera. Más bien fue
  otro evento más dentro de la cadena de incidentes
  generados por la omisión de la agencia de viajes
  de seleccionar un lugar de hospedaje adecuado,
  máxime cuando los servicios a prestarse a los
  querellados se ofrecerían fuera de su país de
  origen.
• Determinar si la omisión en que incurrió la
  agencia constituye una práctica ilegal e injusta
  a tenor con el Art. 20 de la Ley de Servicio
  Público  27 L.P.R.A. sec. 1107  es una función
  típica de la Comisión de Servicio Público. A este
  organismo primordialmente le corresponde
  determinar si una omisión de una agencia de
  viajes resulta en perjuicio de las actividades de
  venta de pasajes y reserva de alojamiento. Estas
  actividades caen bajo el ámbito de reglamentación
  de la Comisión según establecimos al comienzo de
  esta opinión.
• Este Tribunal ha reiterado que una determinación
  de un organismo administrativo merece deferencia
  al ser revisada por los tribunales apelativos.
  Estos deben ser cautelosos al intervenir con
  dichas determinaciones.

44
Viajes Gallardo, disidente HD

• Al evaluar este recurso recordamos que en el caso
  de P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tug Boat, 111
  D.P.R. 686 (1981), concluimos que "ni la
  Comisión ni los tribunales pueden añadir tipos de
  empresas a las que define la Asamblea Legislativa
  como de servicio público... La Comisión de
  Servicio Público no puede asumir jurisdicción
  sobre clase alguna de actividad que no esté
  expresamente autorizada por ley para ello".
  También, al igual que el Tribunal Superior,
  partimos de la premisa de que "en este caso la
  única queja de los viajeros querellantes es con
  relación a la calidad del sitio escogido por la
  empresa para dar el servicio de alojamiento, y no
  hay queja de clase alguna con el viaje en sí".

45
Viajes Gallardo, disidente HD

• a la Comisión le aplican las normas vigentes
  elementales en derecho administrativo. En
  particular, su jurisdicción está determinada por
  la Asamblea Legislativa quien le delegó los
  poderes para reglamentar un área de la economía.
  Al promulgar un reglamento la Comisión puede
  complementarlo, pero no puede "sustituir el
  criterio legislativo o judicial plasmado en el
  estado de derecho vigente"

46
Viajes Gallardo, disidente HD

• esta aceptación de la Asamblea Legislativa de que
  antes de 1990 la Comisión no tenía jurisdicción
  para adjudicar querellas contra agencias de
  pasajes relativas a las reservaciones de
  alojamiento, hoy una mayoría de este Tribunal
  resuelve lo contrario y corrige la omisión que
  tenía anteriormente la Ley de Servicio Público.
  No podemos refrendar este acto de legislación
  judicial. Tampoco podemos suscribir la revocación
  sub-silentio de P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tug
  Boat, supra.                           

47
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• CASO Asociación de Farmacias de la Comunidad
  vs. Departamento de Salud, 2002 TSPR 13
• Hechos El Departamento de Salud cambió el
  reglamento sobre certificaciones de necesidad y
  conveniencia y sólo enumeró las pautas de la ley
  sin especificar los criterios de determinación de
  certificaciones.
• Asunto de Derecho Administrativo
• Hoy nos toca resolver si es válido el Reglamento
  Núm. 89 para Regular el Proceso de Evaluación de
  Solicitudes para el Otorgamiento de Certificados
  de Necesidad y Conveniencia del Departamento de
  Salud que se limita a repetir los criterios
  generales y ambiguos de la ley que otorga el
  poder de reglamentación a dicho organismo.

48
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• Resolvemos que las agencias tienen el deber de
  especificar, mediante reglamentación, los
  criterios esbozados de forma muy general en la
  legislación delegante, para así evitar una
  aplicación arbitraria e injusta, y proveer guías
  adecuadas para que las partes afectadas por las
  acciones administrativas estén debidamente
  informadas del estado de derecho vigente

49
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• Si bien es cierto que la legislatura puede
  delegar amplias facultades y discreción a una
  agencia administrativa, también es cierto que una
  agencia no puede ejercitar su discreción de
  manera arbitraria o caprichosa.
• La función de los tribunales generalmente ha de
  ir dirigida a evaluar 1) si la actuación
  administrativa está autorizada por la ley 2) si
  se delegó poder de reglamentación 3) si la
  reglamentación promulgada está dentro de los
  amplios poderes delegados 4) si al aprobarse el
  reglamento se cumplió con las normas procesales
  de la ley orgánica y de las leyes especiales y
  5) si la reglamentación es arbitraria o
  caprichosa.
• La doctrina de la delegación de poderes es
  bastante flexible. La legislatura puede delegar
  su autoridad a una agencia de manera amplia,
  siempre y cuando establezca normas adecuadas o un
  principio inteligible para guiar a la agencia.

50
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• al requerir que la agencia promulgue
  reglamentación apropiada no sólo se evita la
  arbitrariedad en las decisiones administrativas,
  sino que se asegura que se cumpla a cabalidad con
  las exigencias del debido proceso de ley en
  cuanto a la notificación al público del contenido
  y la sustancia de la ley

51
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• las reglas legislativas le proveen a las partes
  afectadas una notificación previa más clara sobre
  qué conducta es permisible y qué conducta es
  impermisible
• A la misma vez, la reglamentación ayuda a evitar
  el efecto temporal disparejo que tienen las
  normas anunciadas y aplicadas en procedimientos
  adjudicativos.
• Por último, el procedimiento de reglamentación le
  permite participar en el proceso decisional de la
  agencia a las personas potencialmente afectadas
  por la acción administrativa.
• Cuando la agencia establece estándares claros a
  través de sus reglamentos, pues, se crea un
  sistema más justo en el cual las partes afectadas
  están bien informadas sobre las exigencias de la
  ley, y pueden cumplir con ellas de manera más
  cabal, efectiva y eficiente.

52
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• es de suma importancia recordar que las agencias,
  por más poderes que se les haya delegado, no
  pueden actuar de manera arbitraria ni al cambiar
  sus reglamentos, ni al establecer reglas nuevas.
  Carrero Gueits v. Departamento de Educación, 141
  D.P.R. 830 (1996). Tampoco pueden actuar
  arbitraria o caprichosamente al aplicar sus
  reglamentos a casos particulares. El ejercicio
  de poderes administrativos a base de
  consideraciones caso por caso, no a base de una
  ley o de un reglamento, adolece del defecto
  constitucional de ambigüedad (vagueness). Soto,
  supra, citando Pennsylvania State Board, supra
  (énfasis en original). Por ello, se requiere que
  las decisiones administrativas sean consistentes
  al aplicar los reglamentos. La determinación
  administrativa no puede producir soluciones
  contradictorias para situaciones fundamentalmente
  idénticas. Textile Dye Workers, Inc. v.
  Secretario de Hacienda, 95 D.P.R. 708, 715
  (1968), citando South Porto Rico Sugar Co. v.
  Junta Azucarera de Puerto Rico, 82 D.P.R. 847
  (1961).
• De hecho, el Código Modelo del 1981 ha optado por
  requerir que las agencias delimiten su discreción
  a través del proceso de reglamentación, y no
  mediante sus decisiones adjudicativas, aunque las
  mismas puedan ser detalladas y extensas.
  Bonfield, supra. Varios estados han incorporado
  esta regla a su derecho administrativo. Id.
  Incluso algunos casos federales han demostrado
  una preferencia por la reglamentación sobre la
  adjudicación.

53
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• Como alternativa para evitar la arbitrariedad en
  las determinaciones administrativas, cuando ni la
  ley ni la reglamentación proveen suficientes
  estándares que limiten la discreción de la
  agencia, el Tribunal Supremo de los Estados
  Unidos ha establecido que la agencia tiene un
  deber de justificar cualquier cambio en las
  normas que ha utilizado en casos previos. Véanse,
  Atchison, Topeka S.F. Ry. v. Wichita Board of
  Trade, 412 U.S. 800 (1973) y Motor Vehicle
  Manufacturers Association v. State Farm Mutual
  Ins. Co., 463 U.S. 29 (1983). En estos casos, en
  ausencia de reglamentación, los tribunales
  federales han exigido que la agencia establezca
  un sistema de precedentes, con decisiones
  detalladas, fundamentadas, y con determinaciones
  de hecho y conclusiones de derecho, que hagan
  posible la revisión judicial efectiva.
• Esta doctrina ha sido avalada por este Tribunal
  al resolver que la agencia, al adjudicar, tiene
  que crear una regla o norma que tenga aplicación
  general a todas aquellas partes que en el futuro
  estén en idéntica situación. Ruiz Hernández v.
  Mahiques, 120 D.P.R. 80, 86 (1987). Por lo tanto,
  la ausencia de guías específicas, ya sea en la
  ley o en la reglamentación, que delimiten la
  discreción de una agencia puede ser subsanada en
  algunos casos si dicha agencia establece un
  sistema en el cual emite decisiones detalladas,
  razonadas y fundamentadas, que crean precedente,
  pueden ser revisadas por los tribunales para
  evitar la arbitrariedad, y sirven de guía
  accesible al público en general.

54
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• No todas las reglas que aprueban las agencias,
  sin embargo, tienen que ser aprobadas mediante el
  procedimiento de notificación y comentarios de la
  LPAU.
• Las agencias administrativas aprueban
  directrices (guidelines) u otras reglamentaciones
  menos formales (interpretative rules) que se
  adoptan para darle uniformidad a sus propios
  procesos, para pautar la discreción
  administrativa o para otros fines internos y que,
  aunque son de aplicación general y vinculan
  administrativamente, pueden ser modificadas
  judicialmente. Agosto Serrano v. Fondo del
  Seguro del Estado, 132 D.P.R. 866, 873 (1993).

55
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• Los reglamentos así promulgados, por disposición
  de ley, quedan exentos del proceso de
  reglamentación formal. 3 L.P.R.A. sec. 2102(l).
  Estas son las llamadas reglas interpretativas.
  Por otra parte, las reglas que sí tienen que ser
  aprobadas mediante el proceso de reglamentación
  de la LPAU son conocidas como reglas
  legislativas.
• Una regla legislativa es aquella que crea
  derechos, impone obligaciones y establece un
  patrón de conducta que tiene fuerza de ley.
  Municipio de San Juan v. Junta de Calidad
  Ambiental, res. el 14 de diciembre de 2000, 2000
  TSPR 183. Una regla interpretativa, en cambio,
  sólo pretende clarificar o dar uniformidad a
  procedimientos internos, o pautar la discreción
  administrativa. Id. Una característica
  importante que distingue a un tipo de regla de la
  otra es que las reglas interpretativas no pueden
  ir en contra de una previa regla legislativa.
  Id.
• como dichas reglas no se promulgan con fuerza de
  ley, los tribunales pueden sustituir su juicio
  por el de la agencia cuando se enfrentan a una
  regla interpretativa.

56
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• Uno de los tipos de reglas interpretativas son
  las declaraciones generales de política pública.
  Con respecto a éstas, Davis nos explica que no
  establecen una norma obligatoria, y no determinan
  de forma final las cuestiones o los derechos a
  los que van dirigidas.
• aunque las declaraciones generales de política
  pública pueden ser muy útiles para informar al
  público sobre las intenciones de las agencias y
  para pautar la discreción administrativa, una
  agencia no puede simplemente eliminar sus
  reglamentos y reinstalarlos, sin el beneficio del
  proceso de reglamentación, a través de reglas
  interpretativas. La experiencia ha demostrado una
  inclinación por parte de las agencias de
  promulgar boletines, anuncios, guías,
  memorandos y otros documentos interpretativos
  que en su operación y efecto legal constituyen
  reglas legislativas, para esquivar el proceso de
  reglamentación. Véase, Bonfield, supra, sec.
  3.3.1. No vamos a permitir que las agencias se
  adjudiquen de esta manera una patente de corso
  que les provea una discreción casi ilimitada.
• Entendemos, sin embargo, que las reglas
  interpretativas pueden ser de gran valor, ya que
  le permiten a las agencias pautar la discreción
  administrativa de manera más informal, limitando
  así las posibilidades de que se llegue a
  decisiones de manera arbitraria, y que son el
  método principal mediante el cual miembros
  afectados del público pueden informarse del
  contenido preciso de sus derechos y deberes bajo
  la ley administrada por la agencia

57
Asociación de Farmacias de la Comunidad

• Entendemos que, basado en la jurisprudencia que
  discutimos anteriormente, el Departamento de
  Salud tiene dos opciones 1) promulgar un
  reglamento más específico que no se limite a tan
  sólo repetir los criterios ambiguos que provee la
  Ley o 2) establecer un sistema en el cual emita
  decisiones detalladas, razonadas y fundamentadas,
  accesibles al público en general, susceptibles de
  formar precedente, y que puedan ser revisadas por
  los tribunales para evitar arbitrariedad en su
  aplicación. De otra manera estaríamos permitiendo
  que un área de tan crucial importancia como los
  servicios de salud pudiera quedar bajo la
  discreción ilimitada del Secretario o Secretaria
  de Salud. Esto constituiría una inaceptable
  renuncia a nuestra trascendental función revisora
  como últimos

58
García Gómez vs. Colegioopinión que prevalece

• CASO García Gómez vs. Colegio
• Hechos La Junta de Gobierno del Colegio de
  Arquitectos suspendió como colegiado al
  arquitecto García Gómez por un período de tres
  años al determinar que había incurrido en
  violaciones a los cánones de ética profesional
  sin que mediara una determinación de la Junta
  Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y
  Agrimensores. La Ley habilitadora del Colegio no
  alteró la Jurisdicción de la Junta Examinadora.
• Asunto de Derecho Administrativo La pregunta es
  si el Colegio --como en Viajes Gallardo-- tenía
  la facultad incidental de suspender a un miembro
  o se requería --como en Farmacias de la
  Comunidad-- una reglamentación específica.

59
García Gómez vs. Colegioopinión que prevalece

• Un análisis integrado de las leyes orgánicas del
  Colegio y de la Junta Examinadora demuestra que
  el esquema establecido por el legislador es uno
  que reserva a la exclusiva provincia de la Junta
  la facultad de tomar una determinación cuyo
  efecto sea privar a un profesional de la
  capacidad para ejercer su profesión. Al Colegio
  se le otorga la facultad de promulgar y poner en
  vigor cánones de ética profesional los cuales
  serán aprobados y publicados por la Junta
  Examinadora. Ley 96, sec. 2 (g), 20 LPRA sec. 752
  (g). De igual modo se dispone que el Colegio
  podrá recibir e investigar las quejas que se
  formulen respecto a la conducta profesional de
  sus miembros. El procedimiento a seguirse es
  remitirlas a la Junta de Gobierno del Colegio,
  celebrar una vista preliminar con oportunidad de
  que el querellado sea oído y de encontrarse causa
  fundada, podrá el Colegio imponer las sanciones
  que a su discreción correspondan conforme a su
  reglamento, así como instituir el correspondiente
  procedimiento de cancelación de licencia ante la
  Junta Examinadora.

60
García Gómez vs. Colegioopinión que prevalece

• Hemos examinado el Reglamento del Colegio de
  Arquitectos, y nada hay en él referente al tipo
  de sanciones a imponerse por la Junta de Gobierno
  a aquellos profesionales encontrados incursos en
  violaciones a los Cánones de Ética en el
  ejercicio de la profesión. La única referencia a
  medidas disciplinarias se encuentra en el
  Capítulo III, Artículo 18 que establece que los
  miembros del Colegio de Arquitectos que violen el
  Código de Ética estarán sujetos a medidas
  disciplinarias por el Colegio a través del Comité
  de Ética. Reglamento del Colegio de Arquitectos
  de Puerto Rico, según enmendado a septiembre de
  1991.
• En estricta juridicidad y ante el mandato
  legislativo de que dichas sanciones deben quedar
  establecidas en su reglamento, el Colegio de
  Arquitectos carece de facultad para, en estos
  momentos, imponer cualquier tipo de sanción. La
  Ley 96 expresamente exige que las sanciones a
  imponerse deben de constar en el reglamento. Es
  necesario que el Colegio de Arquitectos, ante el
  mandato legislativo, corrija esta laguna en su
  reglamento.

61
García Gómez vs. Colegioopinión que prevalece

• El Colegio de Arquitectos no ha cumplido con el
  mandato legislativo de plasmar en su reglamento
  las sanciones a imponer cuando ejerce su facultad
  de investigar querellas. Una vez incorpore a su
  reglamento las sanciones correspondientes, el
  Colegio quedará autorizado en ley para
  imponerlas. Esto siempre y cuando tome en cuenta
  el esquema legislativo vigente que requiere que
  ante una determinación de suspensión de
  colegiación, el Colegio de Arquitectos
  diligentemente inicie el correspondiente proceso
  de cancelación de licencia ante la Junta
  Examinadora. Se requiere que la Junta Examinadora
  revoque o suspenda la licencia para que el
  arquitecto querellado quede en efecto privado del
  ejercicio de su profesión.

62
García Gómez vs. Colegioopinión que prevalece

• Adoptar otra interpretación de las disposiciones
  cuestionadas alteraría el delicado equilibrio de
  poderes creado por la Asamblea Legislativa para
  reglamentar y fiscalizar la profesión de
  arquitectura en Puerto Rico. Por fiat judicial se
  le otorgaría al Colegio de Arquitectos un poder
  absoluto en el proceso de suspender a los
  arquitectos que es contrario al espíritu y la
  letra de la ley y que en esencia socava la
  autoridad de la Junta Examinadora.
• Otorgar un poder semejante al Colegio de
  Arquitectos establecería un precedente peligroso.
  Delegar en un colegio profesional la facultad, no
  contemplada en ley, de unilateralmente poder
  determinar el que uno de sus miembros quede
  privado de la facultad de ejercer su profesión,
  podría darse el caso que en ocasión de rencillas
  o desacuerdos profesionales, o en aras a ciertos
  intereses económicos, una facción controlante de
  la agrupación incurra en claros abusos de poder.

63
García Gómez vs. Colegiodisidente Fuster

• cuando se trata de leyes que se refieren a una
  misma materia o cuyo objeto sea común, éstas
  deben ser interpretadas refiriendo unas a las
  otras, por cuanto lo que sea claro en una de las
  leyes pueda ser tomado para explicar lo que
  resulte dudoso en otra. Artículo 18 del Código
  Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18 citas. En el
  examen de una legislación, los tribunales tienen
  el deber de interpretar las disposiciones de
  manera armoniosa, que no conduzcan a resultados
  absurdos.

64
García Gómez vs. Colegiodisidente Fuster

• El esquema legislativo respecto a estas
  profesiones es claro. Para ejercer como
  ingeniero, agrónomo o arquitecto se necesita
  tener una doble autorización (1) la que provee
  la Junta Examinadora, que es la única que tiene
  por ley facultad para emitir la licencia
  correspondiente (2) la que provee el colegio
  correspondiente, ya que todas las tres leyes
  pertinentes exigen que el profesional en cuestión
  sea miembro de su colegio, y sólo el colegio
  mismo tiene autoridad expresa para suspender a
  colegiados de ser miembros del colegio. En
  efecto, la facultad para suspender a un
  profesional del ejercicio de su profesión la
  tienen tanto el colegio correspondiente como la
  Junta Examinadora. Nada en el esquema
  legislativo, relativo a estas profesiones,
  requiere que el colegio y la junta actúan
  conjuntamente siempre, para efectuar tal
  suspensión.

65
Pueblo vs. González Vega

• Hechos González Vega se escapó de Hogares CREA
  donde estaba bajo tratamiento mientras disfrutaba
  del programa de grilletes electrónicos. El
  Reglamento contemplaba la evasión como delito de
  fuga. La ley habilitadora no delegaba ese poder.
  
• Asunto de Derecho Administrativo Puede crearse
  un delito mediante reglamentación?

66
Pueblo vs. González Vega

• Algunos tribunales de otras jurisdicciones han
  reconocido como válida cierta injerencia por
  parte de las agencias administrativas en la
  formulación del derecho penal sustantivo. Por un
  lado, se ha reconocido que las legislaturas
  pueden delegar a entidades administrativas el
  poder de aprobar reglamentos sobre distintas
  materias, cuya violación sea considerada como un
  delito. Sin embargo, para que tal delegación sea
  ejercida válidamente y no entre en conflicto con
  el principio de separación de poderes, los
  tribunales han exigido que exista una
  autorización legislativa que faculte a la agencia
  a promulgar reglamentos al respecto, que el
  estatuto que confiere la facultad contenga
  estándares que guíen a la agencia al formularlos,
  que el propio estatuto establezca que la
  violación del reglamento que la agencia promulgue
  constituirá un delito y, que, además, defina las
  penas aplicables. Yakus v. U.S., 321 U.S. 414
  (1944) U.S. v. Grimaud, 220 U.S. 506 (1911).
• Por otro lado, también se ha reconocido como
  válido delegar a la Rama Ejecutiva la
  responsabilidad de cubrir ciertos aspectos de un
  estatuto penal. Así por ejemplo, se ha señalado
  que el Congreso puede delegar al Presidente de
  Estados Unidos la facultad de establecer
  agravantes que permitan la imposición de cierto
  tipo de penalidades, Loving v. U.S., 517 U.S. 748
  (1996) y que las legislaturas pueden declarar
  ilegal la posesión de sustancias controladas y, a
  su vez, conferir a una agencia administrativa la
  facultad de establecer qué sustancias estarán
  comprendidas en esa clasificación. State v. King,
  257 N.W.2d 693 (Minn. 1977) 1 LaFave y Scott,
  supra, a la pág. 156. Claro está, el ejercicio
  del poder delegado no puede apartarse de los
  parámetros del estatuto.

67
Pueblo vs. González Vega

• no es necesario resolver si en nuestra
  jurisdicción la Legislatura puede delegar
  válidamente a una agencia administrativa la
  facultad de aprobar reglamentos cuya violación
  sea considerada como un delito. En primer lugar,
  aún si asumiéramos que en Puerto Rico es válida
  una delegación de poderes de esa naturaleza, cosa
  que hoy no resolvemos, nuestra evaluación de la
  Ley Orgánica de la Administración de Corrección
  que, entre otras cosas, autorizó a dicha agencia
  a elaborar programas de supervisión electrónica,
  revela que no existe una autorización de la
  Legislatura al respecto, y por tanto, tampoco
  existen estándares o guías que limiten el
  ejercicio de esa facultad y que, conforme a
  jurisprudencia de otras jurisdicciones, le
  impriman validez a esa gestión.

68
Pueblo vs. González Vega

• El principio de legalidad no sólo impide el
  inicio de una acción penal contra una persona por
  un hecho que no está expresamente definido por la
  ley como delito, sino también la creación de
  delitos por analogía

69
Pueblo vs. González Vega

• El principio de legalidad nos impide iniciar un
  ejercicio de hermenéutica que tenga el efecto de
  forzar una interpretación en busca de similitudes
  entre la conducta de González Vega y las
  conductas expresamente prohibidas en el Código
  Penal. No es posible, por lo tanto, acudir a un
  "análisis comparativo" o "analógico" para
  establecer semejanzas entre conductas o
  circunstancias contempladas en el Código Penal, y
  hechos específicos y concretos, sin el cual
  difícilmente pueden satisfacerse los elementos de
  un delito. Realizar tal ejercicio aduciendo que
  al hacerlo no se viola el principio de legalidad,
  sería en efecto dotar a dicho principio de una
  elasticidad que para todos los propósitos frustra
  su finalidad.

70
Pueblo vs. González Vega disidente

• jurídicamente hablando, el Programa de
  Supervisión Electrónica es un mecanismo más de
  confinamiento institucional y de sumisión legal
  de reclusión de la Administración de Corrección.
• A su amparo, aunque el convicto es trasladado
  fuera de las facilidades físicas clásicas de la
  institución penal, indudablemente permanece bajo
  la custodia legal y supervisión de la
  Administración de Corrección, confinado en su
  hogar, monitoreado y vigilado electrónicamente
  con un brazalete. Se limita y restringe así su
  libertad de movimiento a un "radio de acción"
  preestablecido. Bajo ninguna circunstancia puede
  abandonar su hogar o remover el brazalete
  electrónico.
• La Administración de Corrección lo somete a este
  tipo de reclusión, que aunque novel, no afecta en
  modo alguno su custodia legal, supervisión y
  vigilancia. Quien lo evade, comete el delito de
  fuga. Desafortunadamente, la visión mayoritaria
  rezagada de la del Legislador, aparentemente no
  va más allá de la prisión o cárcel clásica
  cerrada.

71
Franco

• Hechos La maestra Franco se ausentó para asistir
  a la huelga en contra de la venta de la
  telefónica. Sumariamente su director le descontó
  el día y le envió una carta de amonestación.
  Apeló a la JASE y ésta le negó jurisdicción a
  pesar de una amplia delegación de poder, por no
  agotar un proceso establecido en al DE aparte de
  la ley habilitadora.
• Asunto de Derecho Administrativo Puede una
  agencia crear reglamentos y condiciones en
  contradicción con su delegación de poderes?

72
Franco

• Al examinar la validez de una reglamentación de
  una agencia administrativa, los tribunales deben
  analizar si
• (1) la actuación administrativa está autorizada
  por ley
• (2) se delegó poder de reglamentación
• (3) la reglamentación promulgada está dentro de
  los amplios poderes delegados
• (4) al aprobarse el reglamento se cumplió con las
  normas procesales de la ley orgánica y de las
  leyes especiales y
• (5) si la reglamentación es arbitraria o
  caprichosa.

73
Franco

• Más importante aún, los tribunales no deben
  perder de perspectiva que, "un reglamento
  promulgado para implantar la ejecución de una ley
  puede complementarla, pero no estar en conflicto
  con ésta...."
• Ahora bien, no basta con que el Reglamento esté
  de