EL SISTEMA DE JUSTICIA VENEZOLANO

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA ESCUELA NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA

• EL SISTEMA DE JUSTICIA VENEZOLANO

Programa Especial de Capacitación para
la Regularización de la Titularidad (PET) Prof.
Ángel Zerpa Aponte Prof. Luis Armando Guevara
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PREÁMBULO
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HISTORIA DEL PODER JUDICIAL

• La Constitución de 1811, primera de América
  Latina que proclamó la Independencia completa del
  Rey de España, adoptó para el Estado venezolano
  la forma federal y creó la primera Corte Suprema
  de Justicia. "El Poder Judicial de la
  Confederación estará depositado en una Corte
  Suprema de Justicia residente en la ciudad
  Federal y los demás tribunales subalternos y
  juzgados inferiores que el Congreso estableciere
  temporalmente en el territorio de la
  unión.     La Constitución de 1864, sancionada
  luego del triunfo de la Revolución Federal,
  establece el sistema federal. Se crea la Alta
  Corte Federal, integrada por cinco miembros
  electos por el Congreso y propuestos por las
  legislaturas de los estados. A tal fin la
  Legislatura de cada Estado debería presentar al
  Congreso una lista en número igual al de las
  plazas que debían proveerse y el Congreso
  declaraba electos a quienes reunieran más votos
  de las presentaciones reunidas. La Corte creada
  en 1864 no tenía funciones de casación.   En
  1876, el Congreso Nacional (...) sancionó la
  primera ley de casación nacional, pero a poco
  tiempo de estar en vigencia la Ley que se crea el
  recurso de casación, se la tacha de
  inconstitucionalidad en base al artículo 91 de la
  Constitución de 1864, que dispone que las causas
  iniciadas en los Estados, terminarán en éstos,
  sin sujeción al examen de ninguna autoridad
  extraña".
•    La Constitución de 1881 crea por primera vez
  la Corte de Casación, distinta y separada de la
  Alta Corte Federal y le atribuye el conocimiento
  y decisión del recurso de casación. Los Estados
  que formaban la Federación se obligaban a
  presentar vocales para la Corte de Casación,
  compuesta de tantas personas cuanto fueran los
  Estados de la Federación,
•    En la Constitución de 1904 se fusionaron
  ambas Cortes bajo el nombre de Corte Federal y de
  Casación.

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HISTORIA DEL PODER JUDICIAL

• En 1947 se sanciona una nueva Constitución.
  La denominación de "Corte Suprema de Justicia"
  sustituye a la anterior de "Corte Federal y de
  Casación". Es integrada por diez miembros que se
  llamarán "Magistrados".
• La Constitución de 1953 volvió al sistema de
  los dos Altos Tribunales la Corte Federal y la
  Corte de Casación. El 2 de agosto de 1953 se
  dicta la Ley Orgánica de la Corte Federal y el 16
  de julio de 1956, la Ley Orgánica de la Corte de
  Casación.El 23 de enero de 1961, se dicta una
  nueva Constitución en la cual se fusionan las dos
  Cortes, Federal y de Casación, en la Corte
  Suprema de Justicia.   El régimen de
  transitoriedad culmina hasta que se dicta la Ley
  Orgánica de la Corte Suprema de Justicia,
  publicada el 30 de julio de 1976, en el año
  centenario de la Ley que creara el recurso de
  casación en 1876, entrando en vigencia el 1º de
  enero de 1977.En el proceso constituyente de
  1999, en la sesión del 6-11-99, la ANC creó la
  Dirección Ejecutiva de la Magistratura,
  eliminando así el Consejo de la Judicatura, ente
  que acababa de cumplir 30 años de existencia
• El 19 de mayo de 2004, la Asamblea Nacional
  de la República Bolivariana de Venezuela, aprobó
  la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
  (LOTSJ) publicada en la Gaceta Oficial N 37.942
  del 20 de mayo de 2004.

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Toda persona TIENE DERECHO
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El proceso como instrumento de justiciaSala
Político Administrativa, Sentencia Nro. 00409 del
20/03/2001

• "la Constitución consagra expresamente el derecho
  de todos los ciudadanos de acceder a los órganos
  de administración de justicia para hacer valer
  sus derechos e intereses y a una tutela judicial
  efectiva de los mismos. Tales principios sin
  embargo, no pueden ser aislados de otros sin los
  cuales éstos carecerían de contenido. En efecto,
  de acuerdo a la propia Constitución... el
  instrumento fundamental para la realización de la
  justicia lo constituye el proceso (artículo 257)
  y si bien no se puede sacrificar la justicia por
  apego conservador a formalidades no esenciales,
  entiende la Sala que el constituyente no ha
  querido establecer que el proceso en su conjunto,
  como instrumento de la realización de la
  justicia, se convierta en sí mismo en medio no
  esencial para el logro del fin último que es la
  justicia. Por el contrario, dentro de la
  multiplicidad de pasos sucesivos que conforman el
  proceso, es posible que exista una o varias
  formalidades no esenciales que puedan verse como
  dificultades para la administración de una
  justicia expedita, equitativa, imparcial,
  transparente y responsable, entre otras notas
  constitucionalizadas de la justicia pero no se
  puede prescindir del proceso en sí, pues tal
  actividad supone la materialización en sede
  jurisdiccional, del conflicto de intereses
  instalado en planos individuales o colectivos,
  que requieren de resolución efectiva y material
  mediante la administración de justicia la cual,
  a su vez, no puede prescindir de los
  procedimientos legales preestablecidos para
  concretar su actividad. "

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GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESOSala
Político Administrativa, Sentencia Nro. 00124 del
13/02/2001

• La constitucionalización de las normas sobre
  derechos y garantías procesales en la
  Constitución de la República Bolivariana de
  Venezuela de 1999 (CRBV), no es una simple
  formalización de reglas, conceptos y principios
  elaborados dogmáticamente por el Derecho
  Procesal, sino la consagración de normas que han
  adquirido un significado distinto, desde el
  momento de su incorporación en el Texto
  Constitucional, por ser normas de garantía que
  configuran la tutela del ciudadano frente a los
  poderes públicos y de los particulares entre si.
  De tal carácter deviene que deben ser
  interpretadas teniendo en consideración a todas
  las demás reglas constitucionales con los que
  guarda relación e inevitablemente, tal
  interpretación estará influenciada por los
  valores, normas y principios que inspiran el
  orden constitucional en el cual se consagran y
  por el necesario balance del contenido esencial
  de los derechos presentes en el proceso. Es por
  ello que resultaría inadecuado pretender
  interpretar la norma constitucional desde la
  norma legal misma ya que por el contrario, es la
  norma legal la que debe ser examinada bajo el
  prisma constitucional.- "

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La emblemática Sent. 80 del 1-2-01

• El derecho al debido proceso -y dentro de éste el
  derecho a la defensa-, tiene un carácter
  instrumental que permite poner en práctica los
  derechos de goce (p. Ej. Derecho a la vida, a la
  libertad, al trabajo), es decir, su función
  última es garantizar el ejercicio de otros
  derechos materiales mediante la tutela judicial
  efectiva
• El ejercicio del DP, implica la concesión
  para ambas partes en conflicto, de la misma
  oportunidad de formular pedimentos ante el órgano
  jurisdiccional.

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Sent.80, 1-2-01 (Constituc.)

• La violación del debido proceso podrá
  manifestarse
• 1)      cuando se prive o coarte alguna de las
  partes la facultad procesal para efectuar un acto
  de petición que a ella privativamente le
  corresponda por su posición en el proceso y
• 2)      cuando esa facultad resulte afectada de
  forma tal que se vea reducida, teniendo por
  resultado la indebida restricción a las partes de
  participar efectivamente en plano de igualdad, en
  cualquier juicio en el que se ventilen cuestiones
  que les afecte.
•   la violación al debido proceso y la
  consecuente indefensión operará, en principio,
  dentro de un proceso ya instaurado,
•  La violación del D.P. será imputable al Juez
  que con su conducta impida a alguna de las partes
  la utilización efectiva de los medios o recursos
  que la ley pone a su alcance para la defensa de
  sus derechos.
•     Puede haber un D.P. sustantivo o
  sustancial A través de un instrumento
  normativo (Ley, Decreto-Ley, Ordenanza,
  Reglamento, etcétera ), con el cual se llegue a
  privar al ciudadano de la mínima posibilidad de
  invocar la protección judicial de sus derechos e
  intereses, mediante la instauración de un
  adecuado proceso, atentando así contra los
  principios fundamentales de libertad y justicia,
  que yacen en la base de todas las instituciones
  civiles y políticas de un Estado de Derecho.

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Autonomía del poder judicialSala Constitucional,
Sentencia Nro. 2230 del 23/09/2002

• "En particular, al Poder Judicial, corresponde la
  potestad de administrar justicia, mediante sus
  órganos, creados por la Constitución y las Leyes
  que la desarrollan (artículo 253
  Constitucional).El Poder Judicial, por mandato de
  nuestra Carta Fundamental, es autónomo e
  independiente (artículo 254 eiusdem). Ello
  significa que el Poder Judicial, no depende de
  ningún otro Poder del Estado, y por ello, por el
  citado mandato constitucional, goza de autonomía
  funcional, financiera y administrativa, la cual
  la asigna el artículo 254 Constitucional al
  Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza y
  director del sistema judicial.La independencia
  funcional significa que en lo que respecta a sus
  funciones , ningún otro poder puede intervenir en
  el judicial, motivo por el cual las decisiones de
  los Tribunales no pueden ser discutidas por los
  otros Poderes y los jueces, y funcionarios
  decisores del Poder Judicial -como el Inspector
  General de Tribunales- no pueden ser
  interpelados, ni interrogados por los otros
  Poderes, sobre el fondo de sus decisiones, a
  menos que se investigue un fraude o un delito
  perpetrado por medio de ellas, caso en que el
  Ministerio Público, podrá investigar a los
  funcionarios del Poder Judicial, conforme al
  artículo 309 del Código Orgánico Procesal
  Penal.También la independencia se patentiza en la
  autonomía administrativa del Poder Judicial,
  quien en los nombramientos que realice y en el
  desarrollo de la administración de justicia
  (planta física, empleados Tribunalicios, dotación
  de Tribunales, etc), no está subordinado a nadie,
  excepto al control legal que corresponde a la
  Contraloría General de la República (artículos
  287 y 289 Constitucionales)."

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CONFORMACION ACTUAL DEL TSJ

• Junta Directiva  Doctor Omar Mora
  Díaz       PresidenteDoctora Luisa Estella
  Morales Lamuño               Primer
  Vice-PresidenteDoctor Carlos Alfredo Oberto
  Velez          Segundo Vice-Presidente
  Magistrados  Doctor Jesús Eduardo Cabrera
  RomeroDoctor Marcos Tulio Dugarte PadrónDoctor
  Arcadio de Jesús Delgado RosalesDoctor Pedro
  Rondón HazzDoctor Luis Velázquez AlvarayDoctor
  Francisco Antonio Carrasquero LópezDoctora
  Evelyn Margarita Marrero OrtizDoctora Yolanda
  Jaimes GuerreroDoctor Levis Ignacio ZerpaDoctor
  Hadel Mostafá PaoliniDoctor Emiro Antonio García
  RosasDoctor Juan José Núñez CalderónDoctor
  Fernando Ramón Vegas TorrealbaDoctor Luis
  Martínez HernándezDoctor Rafael Arístides
  Rengifo CamacaroDoctor Luis Alfredo Sucre
  CubaDoctora Yris Armenia Peña de AnduezaDoctor
  Antonio Ramírez JiménezDoctor Luis Antonio Ortiz
  HenándezDoctora Isbelia Josefina Pérez de
  CaballeroDoctor Luis Eduardo Franceschi
  GutiérrezDoctor Juan Rafael PerdomoDoctor
  Alfonso Rafael Valbuena CorderoDoctora Carmen
  Elvigia Porras de RoaDoctor Eladio Ramón Aponte
  AponteDoctor Hector Manuel Coronado
  FloresDoctor Luis Alejandro Angulo
  FontiverosDoctora Blanca Rosa Marmol de
  LeónDoctora Deyanira Nieves Bastidas

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Sala Constitucional, Sentencia Nro. 93 del
06/02/2001 (corpoturismo)

• "no existe duda alguna de que esta Sala posee la
  máxima potestad de interpretación de la
  Constitución y que sus decisiones son vinculantes
  para las otras Salas del Tribunal Supremo de
  Justicia y los demás tribunales de la República.
  Así las cosas, las demás Salas del Tribunal
  Supremo de Justicia y los demás tribunales y
  juzgados de la República están obligados a
  decidir con base en el criterio interpretativo
  que esta Sala tenga de las normas
  constitucionales. El hecho de que el Tribunal
  Supremo de Justicia o los demás tribunales de la
  República cometan errores graves y grotescos en
  cuanto a la interpretación de la Constitución o
  no acojan las interpretaciones ya establecidas
  por esta Sala, implica, además de una violación e
  irrespeto a la Constitución, una distorsión a la
  certeza jurídica y, por lo tanto, un
  quebrantamiento del Estado de Derecho. Por ello,
  la norma contenida en el artículo 335 de la
  Constitución establece un control concentrado de
  la constitucionalidad por parte de esta Sala en
  lo que respecta a la unificación de criterio
  relativa a la interpretación de la Constitución. "

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Control difusoSala Político Administrativa,
Sentencia Nro. 00124 del 13/02/2001

• "Planteada la inconstitucionalidad de una norma o
  acto de carácter subconstitucional, basada en una
  determinada interpretación de inconstitucionalidad
  propuesta en el caso concreto, en realidad lo
  que se plantea no es solo la confirmación de la
  interpretación de inconstitucionalidad que se ha
  propuesto, sino también la determinación de la
  inexistencia de una cualquiera otra
  interpretación que la haga compatible con la
  Constitución, porque de existir ésta, la norma
  conservara su vigencia, salvo en lo que se
  refiere a la interpretación inconstitucional
  confirmada. De allí que no pueda declararse la
  inconstitucionalidad de una norma en forma
  global, sino cuando todas las interpretaciones
  posibles de la misma se encuentran en
  contradicción con el texto constitucional, y es
  por ello, que el llamado ?control difuso? de la
  constitucionalidad, solo produce la pérdida de la
  eficacia pero no la validez de la norma, ya que
  esta la conserva, salvo en lo que respecta a la
  interpretación de inconstitucionalidad confirmada
  en el caso concreto."

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Sala constitucional eliminación de la consulta
obligatoria en amparo

• la consulta a que se refiere el artículo 35 de la
  Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
  Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza
  con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de
  la Constitución de la República Bolivariana de
  Venezuela, por lo que se declara que ella, la
  consulta, fue derogada por la disposición
  Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así
  se declara.
• ()
• la Sala ordena la publicación de la presente
  decisión en la Gaceta Oficial de la República
  Bolivariana de Venezuela y no aplicará ni lo
  hará ningún tribunal del país- este criterio a
  las causas que se encuentren pendientes en las
  circunstancias que se expusieron en el presente
  fallo, sino luego del transcurso de treinta (30)
  días posteriores a dicha publicación en
  aplicación analógica del lapso que dispone el
  artículo 267.1 del Código de Procedimiento
  Civil-, para que, dentro de ese período, las
  partes manifiesten su interés en que la consulta
  que esté pendiente se decida. En el caso de que
  las partes no concurran, se remitirá el
  expediente al tribunal de origen mediante un
  auto, ya que quedará definitivamente firme la
  decisión que hubiere dictado

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LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA
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LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA
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CONCRECIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL
Gaceta Oficial N 5.558 14 de Noviembre de 2001

• Dos reformas legislativas
• Agosto 2000. Reforma no sustancial, abarcó 5
  artículos
• Noviembre 2001. Cambio radical en el articulado,
  las instituciones y los cometidos del cuerpo
  normativo. Se modificó las llamadas ALTERNATIVAS
  DE PERSECUCIÓN PENAL (Principio de oportunidad,
  acuerdos reparatorios y suspensión condicional
  del proceso), el REGIMEN DE LAS MEDIDAS DE
  COERCIÓN PERSONAL

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CONCRECIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA
Sistemas de Gestión Judicial JURIS 2000
Modelo organizacional y sistema de computación de
gestión, decisión y documentación que automatiza
la actividad diaria de los Tribunales
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Plan de Reforma Estructural y de Modernización
de la Justicia
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Antecedentes

• El atraso del Poder Judicial en relación a
  los otros poderes y su inadecuación a los
  mandatos de la Constitución Bolivariana del 99.
• La demanda de justicia del grueso de los
  venezolanos, quienes en más de 90 han vivido
  excluidos de la justicia.
• El PREM-ius, que surge tras el fracaso de
  las medidas que se tomaron en 1998 cuando se
  decretó la emergencia judicial, fue aprobado por
  la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,
  el 6 de abril del presente año la iniciativa
  contó con el apoyo unánime de los magistrados
  presentes en la sesión.

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Objetivos
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Actividades
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