ORDENACION DEL PROCEDIMIENTO

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ORDENACION DEL PROCEDIMIENTO
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Ordenación del procedimiento

• El capítulo sobre Ordenación del Procedimiento
  comprende el conjunto de normas que regulan el
  desarrollo del procedimiento administrativo,
  desde su inicio hasta su finalización.
• Art. 144. Unidad de vista.
• Los procedimientos administrativos se
  desarrollan de oficio, de modo sencillo y eficaz
  sin reconocer formas determinadas, fases
  procesales, momentos procedimentales rígidos para
  realizar determinadas actuaciones o responder a
  precedencia entre ellas, salvo disposición
  expresa en contrario de la ley en procedimientos
  especiales.
• El procedimiento administrativo no tiene
  diversas fases rígidas o preclusivas como el
  proceso judicial, sino sólo 3 fases simples y
  flexibles inicio (presentación de la solicitud),
  ordenación (desarrollo del procedimiento) y
  resolución (decisión final del asunto).
• La fase de ordenación se caracteriza por su
  flexibilidad, por lo que las actuaciones
  procedimentales que comprende dicha fase, pueden
  realizarse o no, dependiendo de la clase de
  procedimiento de que se trate y del interés
  público que se encuentre en juego.

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Ordenación del procedimiento

• La autoridad administrativa tiene la facultad de
  organizar como mejor crea conveniente la fase de
  ordenación, pero deberá tomar en cuenta la tutela
  del interés público que tiene a su cargo y las
  garantías procedimentales previstas en la Ley,
  con relación a las pruebas, los alegatos, las
  notificaciones, Etc.
• Art. 145. Impulso del procedimiento.
• La autoridad competente, aun sin pedido de
  parte, debe promover toda actuación que fuese
  necesaria para su tramitación, superar cualquier
  obstáculo que se oponga a la regular tramitación
  del procedimiento determinar la norma aplicable
  al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere
  errónea la cita legal así como evitar el
  entorpecimiento o demora a causa de diligencias
  innecesarias o meramente formales, adoptando las
  medidas oportunas para eliminar cualquier
  irregularidad producida.
• Las autoridades administrativas tienen un deber
  de oficialidad, en mérito al cual, tienen la
  obligación de impulsar, dirigir y ordenar los
  procedimientos administrativos que se encuentran
  a su cargo.

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Ordenación del procedimiento

• El deber de oficialidad les impone cumplir por
  lo menos las siguientes acciones
• Iniciar el procedimiento cuando corresponda. Ej.
  Iniciar un procedimiento de fiscalización
  tributaria cuando hay indicios de evasión.
• Impulsar el avance de los procedimientos
  administrativos, solicitando documentos,
  informes, antecedentes, autorizaciones y acuerdos
  que resulten necesarios para resolver el fondo
  del asunto.
• Remover los obstáculos que se presenten en el
  procedimiento.
• Instruir y ordenar la prueba.
• Subsanar cualquier error u omisión que advierta
  en el procedimiento.
• Art. 148. Reglas para la celeridad.
• Para asegurar el cumplimiento del principio de
  celeridad de los procedimientos, se observan las
  siguientes reglas
• 1. En el impulso y tramitación de casos de una
  misma naturaleza, se

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Ordenación del procedimiento

• sigue rigurosamente el orden de ingreso, y se
  resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado,
  dando cuenta al superior de los motivos de demora
  en el cumplimiento de los plazos de ley, que no
  puedan ser removidos de oficio.
• Este artículo establece reglas generales que las
  autoridades deberán seguir al dirigir los
  procedimientos a su cargo. De acuerdo a este
  primer inciso, las autoridades deberán tramitar
  los expedientes de acuerdo a su orden de ingreso.
• En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento
  de todos los trámites necesarios que por su
  naturaleza corresponda, siempre y cuando no se
  encuentren entre sí sucesivamente subordinados en
  su cumplimiento, y se concentrarán en un mismo
  acto todas las diligencias y actuaciones de
  pruebas posibles, procurando que el desarrollo
  del procedimiento se realice en el menor número
  de actos procesales.
• Según el inciso 2, la autoridad administrativa
  deberá ordenar mediante un solo acto
  administrativo, la realización de todas las
  diligencias que puedan ser realizadas
  conjuntamente. Ej. petición de

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Ordenación del procedimiento

• informes exposición de expediente para
  alegatos solicitud de información a otras
  autoridades, Etc.
• Así mismo, deberá realizarse en un solo acto
  procedimental, todas las diligencias y
  actuaciones que sean posibles, procurando
  realizar la menor cantidad de actos
  procedimentales durante el procedimiento. Ej. En
  una sola audiencia deberán actuarse todos los
  medios probatorios ofrecidos por las partes.
• Al solicitar trámites a ser efectuados por otras
  autoridades o los administrados, debe consignarse
  con fecha cierta el término final para su
  cumplimiento, así como el apercibimiento, de
  estar previsto en la normativa.
• En ningún caso podrá afectarse la tramitación de
  los expedientes o la atención del servicio por la
  ausencia, ocasional o no, de cualquier autoridad.
  Las autoridades que por razones de licencia,
  vacaciones u otros motivos temporales o
  permanentes se alejen de su centro de trabajo,
  entregarán a quien lo sustituya o al superior
  jerárquico, los documentos y expedientes a su
  cargo, con conocimiento de los administrados.

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Ordenación del procedimiento

• 5. Cuando sea idéntica la motivación de varias
  resoluciones, se podrán usar medios de producción
  en serie, siempre que no lesione las garantías
  jurídicas de los administrados sin embargo, se
  considerará cada uno como acto independiente.
• Si resulta necesario expedir varios actos
  administrativos con idéntico contenido, la
  autoridad podrá utilizar formatos predeterminados
  con una misma motivación y notificar éste a todos
  los administrados que resulten interesados.
• 6. La autoridad competente, para impulsar el
  procedimiento, puede encomendar a algún
  subordinado inmediato la realización de
  diligencias específicas de impulso, o solicitar
  la colaboración de otra autoridad para su
  realización. En los órganos colegiados, dicha
  acción debe recaer en uno de sus miembros.
• Es facultad de la autoridad administrativa
  delegar en alguno de sus subordinados la
  realización de actividades procedimentales para
  impulsar el procedimiento. Esta delegación debe
  ser necesaria y específica. Ej. tomar
  testimoniales, realizar inspecciones, Etc.

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Ordenación del procedimiento

• En ningún caso la autoridad podrá alegar
  deficiencias del administrado no advertidas a la
  presentación de la solicitud, como fundamento
  para denegar su pretensión.
• Es deber de la Administración controlar el
  cumplimiento de los requisitos formales de las
  solicitudes cuando son presentadas por Mesa de
  Partes. Si la Administración no realizó
  diligentemente este control al inicio del
  procedimiento, no podrá utilizar este argumento
  con posterioridad para denegar las solicitudes
  presentadas.
• Art. 150. Regla de expediente único.
• Sólo puede organizarse un expediente para la
  solución de un mismo caso, para mantener reunidas
  todas las actuaciones para resolver.
• Cuando se trate de solicitud referida a una sola
  pretensión, se tramitará un único expediente e
  intervendrá y resolverá una autoridad, que
  recabará de los órganos o demás autoridades los
  informes, autorizaciones y acuerdos que sean
  necesarios, sin per-

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Ordenación del procedimiento

• perjuicio del derecho de los administrados a
  instar por sí mismos los trámites pertinentes y a
  aportar los documentos pertinentes.
• Esta norma está dirigida a la Administración
  Pública. De acuerdo con ella, cuando la solicitud
  presentada tenga un solo pedido, la
  Administración deberá organizar un solo
  expediente administrativo y deberá designar una
  sola autoridad para resolverlo, la cual se
  encargará de recabar de otras autoridades y
  organismos públicos, los documentos e
  informaciones que resulten necesarios para
  resolver dicha solicitud. Lo mismo se aplicará en
  procedimientos de oficio.
• Art. 152. Presentación externa de expedientes.
• Los expedientes son compaginados siguiendo el
  orden regular de los documentos que lo integran,
  formando cuerpos correlativos que no excedan de
  doscientos folios, salvo cuando tal límite
  obligara a dividir escritos o documentos que
  constituyan un solo texto, en cuyo caso se
  mantendrá su unidad.

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Ordenación del procedimiento

• Todas las actuaciones deben foliarse,
  manteniéndose así durante su tramitación. Los
  expedientes que se incorporan a otros no
  continúan su foliatura, dejándose constancia de
  su agregación y su cantidad de fojas.
• El expediente se puede dividir en volúmenes o
  tomos, a condición de que no excedan de 200 hojas
  cada uno y que no se dividan los escritos o
  resoluciones que lo integran.
• Art. 157. Medidas de seguridad documental
• Las entidades aplicarán las siguientes medidas
  de seguridad documental
• Establecer un sistema único de identificación de
  todos los escritos y documentos ingresados a
  ella, que comprenda la numeración progresiva y la
  fecha, así como guardará una numeración
  invariable para cada expediente, que será
  conservada a través de todas las actuaciones
  sucesivas, cualquiera fueran las autoridades del
  organismo que interviene.

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Ordenación del procedimiento

• Guardar las constancias de notificación,
  publicación o entrega de información sobre los
  actos, acuse de recibo y todos los documentos
  necesarios para acreditar la realización de las
  diligencias, con la certificación del instructor
  sobre su debido cumplimiento.
• En la carátula debe consignarse el órgano y el
  nombre de la autoridad, con la responsabilidad
  encargada del trámite y la fecha del término
  final para la atención del expediente.
• En ningún caso se hará un doble o falso
  expediente.
• Art. 158. Queja por defecto de tramitación.
• 1. En cualquier momento, los administrados
  pueden formular queja contra los defectos de
  tramitación y, en especial, los que supongan
  paralización, infracción de los plazos
  establecidos legalmente, incumplimiento de los
  deberes funcionales u omisión de trámites que
  deben ser subsanados antes de la resolución
  definitiva del asunto en la instancia respectiva.

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Ordenación del procedimiento

• La queja constituye un remedio procesal.
• A diferencia de los recursos (reconsideración,
  apelación, revisión), la queja no se dirige
  contra los actos o resoluciones administrativas
  (decisiones), sino contra las conductas desviadas
  de los funcionarios públicos que tienen a su
  cargo el procedimiento (defectos de tramitación),
  como por ejemplo una conducta negligente que
  dilata el procedimiento, la obstrucción al
  derecho a informarse del expediente o a presentar
  pruebas, la prescindencia de trámites esenciales
  o cualquier otra conducta que importe distorsión
  o incumplimiento de los trámite o plazos
  indicados por la Ley.
• A diferencia de los recursos, la queja no busca
  la revocación o la modificación de una decisión
  de la autoridad, sino que el procedimiento sea
  corregido y tramitado de acuerdo a ley. Podrá
  presentarse mientras no se emita la decisión
  final de la instancia.
• 2. La queja se presenta ante el superior
  jerárquico de la autoridad que tramita el
  procedimiento, citándose el deber infringido y la
  norma que lo exige. La autoridad superior
  resuelve la queja dentro de los tres días
  siguientes, previo traslado al quejado, a

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Ordenación del procedimiento

• fin de que pueda presentar el informe que estime
  conveniente al día siguiente de solicitado.
• 3. En ningún caso se suspenderá la tramitación
  del procedimiento en que se haya presentado la
  queja, y la resolución será irrecurrible.
• 4. En caso de declararse fundada la queja, se
  dictarán las medidas correctivas pertinentes
  respecto del procedimento, y en la misma
  resolución se dispondrá el inicio de las
  actuaciones necesarias para sancionar al
  responsable.
• Los efectos propios de una queja declarada
  fundada son dos
• Subsanar la tramitación del procedimiento
  administrativo.
• Iniciar un expediente sobre la responsabilidad
  administrativa del funcionario público
  interviniente.

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INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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Instrucción del procedimiento

• Art. 159. Actos de instrucción.
• Los actos de instrucción necesarios para la
  determinación, conocimiento y comprobación de los
  datos en virtud de los cuales deba pronunciarse
  la resolución, serán realizados de oficio por la
  autoridad a cuyo cargo se tramita el
  procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio
  del derecho de los administrados a proponer
  actuaciones probatorias.
• Los actos de instrucción son aquéllos que sirven
  para comprobar la veracidad de los datos e
  informaciones que obran en el expediente. Son de
  2 clases
• Actos dirigidos a aportar informaciones al
  expediente. Ej solicitud de informes, solicitud
  de pruebas al administrado, Etc.
• Actos dirigidos a comprobar la veracidad de los
  datos que constan en el expediente. Ej.
  testimoniales, inspecciones, peritajes, Etc.
• Los actos de instrucción deberán ser realizados
  de oficio, sin necesidad de que sean solicitados
  por los administrados. No obstante, estos últimos
  conservan la facultad de proponer pruebas en
  cualquier momento durante del procedimiento.

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Instrucción del procedimiento

• Art. 161. Alegaciones.
• Los administrados pueden en cualquier momento del
  procedimiento, formular alegaciones, aportar los
  documentos u otros elementos de juicio, los que
  serán analizados por la autoridad, al resolver.
• En los procedimientos administrativos
  sancionadores, o en caso de actos de gravamen
  para el administrado, se dicta resolución sólo
  habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor
  de cinco días para presentar sus alegatos o las
  correspondientes pruebas de descargo.
• El alegato es el conjunto de argumentaciones que
  se utilizan para sustentar una pretensión o un
  pedido.
• En todo procedimiento administrativo, los
  administrados tienen la facultad de formular
  alegaciones y aportar las pruebas que consideren
  necesarias, en tanto no se haya expedido la
  decisión final del procedimiento.
• Sin embargo, en los procedimientos que conlleven
  actos de gravámen para el administrado
  (sancionador, fiscalización, Etc.), no

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Instrucción del procedimiento

• es solamente una facultad de los administrados,
  sino también un deber de la autoridad, otorgar al
  administrado un plazo mínimo de 5 días para que
  presente sus alegatos y pruebas de descargo, bajo
  pena de invalidar la resolución final (por falta
  de un trámite esencial del procedimiento).
• Art. 162. Carga de la prueba.
• La carga de la prueba se rige por el principio de
  impulso de oficio establecido en la presente ley.
• Corresponde a los administrados aportar pruebas
  mediante la presentación de documentos e
  informes, proponer pericias, testimonios,
  inspecciones y demás diligencias permitidas, o
  aducir alegaciones.
• La autoridad administrativa tiene la obligación
  de probar la veracidad de los hechos alegados por
  los administrados, en virtud a los principios
  Impulso de Oficio y Verdad Material, los cuales
  le imponen el deber de fundar sus decisiones en
  hechos probados y ciertos. Sino lo hiciera, su
  decisión podría ser anulada.

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Instrucción del procedimiento

• Los administrados no tienen esa obligación de
  probar, pero si desean que sus alegaciones sean
  consideradas verdaderas por parte de la
  autoridad, tendrán la carga de probarlos (deber
  auto-impuesto). Salvo en los procedimientos de
  oficio como se verá en el Art. 169, en los cuales
  los administrados sí están obligados a probar.
• Art. 163. Actuación probatoria.
• Cuando la administración no tenga por ciertos los
  hechos alegados por los administrados o la
  naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad
  dispone la actuación de prueba, siguiendo el
  criterio de concentración procesal, fijando un
  periodo que para el efecto no será menor de tres
  días ni mayor de quince, contados a partir de su
  planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente
  los medios de prueba propuestos por el
  administrado, cuando no guarden relación con el
  fondo del asunto, sean improcedentes o
  innecesarios.
• Cuando las alegaciones del administrado sean
  contradichas por alguna prueba presentada o por
  las afirmaciones de otro administrado, de modo
  que hayan dudas sobre la veracidad de sus
  afirmaciones, la autoridad administrativa tendrá
  que abrir una fase

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Instrucción del procedimiento

• probatoria que no podrá ser menor de 3 ni mayor
  de 15 días. Un procedimiento cuya naturaleza
  amerita fase probatoria, es el procedimiento
  trilateral.
• Por el contrario, no será obligatoria la
  apertura de una fase probatoria cuando la
  Administración tenga por ciertos todos los hechos
  alegados por los administrados, no haya en el
  expediente actos que se contradigan o cuando no
  se derive de la naturaleza del procedimiento la
  necesidad de abrirse tal fase.
• La Administración está obligada a admitir todas
  las pruebas que proponga el administrado, salvo
  en 3 casos
• Que las pruebas no guarden relación con el fondo
  del asunto.
• Que sean improcedentes (prueba prohibida por la
  ley, como por ejemplo las pruebas ilícitas).
• Que las pruebas sean innecesarias.
• La autoridad administrativa notifica a los
  administrados, con anticipación no menor de tres
  días, la actuación de prueba, indicado el lugar,
  fecha y hora.
• La autoridad administrativa deberá notificar a
  los administrados la

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Instrucción del procedimiento

• fecha de actuación de las pruebas presentadas
  durante el procedimiento. La asistencia de los
  administrados a la actuación de las pruebas, no
  sólo les permitirá observar el examen que se haga
  de las mismas, sino también presentar
  contrapruebas, interrogar testigos, recurrir
  peritos e impugnar los medios de prueba
  propuestos por la contraparte.
• La falta de esta notificación conllevería la
  violación del derecho de defensa del administrado
  y, por lo tanto, la nulidad de la resolución
  final del procedimiento (por falta de un
  procedimiento regular).
• Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse
  siempre que no se haya emitido resolución
  definitiva.
• Las pruebas que aparezcan con posterioridad a la
  realización de la fase probatoria podrán
  presentarse, siempre que no se haya emitido la
  decisión definitiva del procedimiento.
• Art. 166. Medios de prueba.
• Los hechos invocados o que fueren conducentes
  para decidir un procedimiento podrán ser objeto
  de todos los medios de prueba necesarios, salvo
  aquellos prohibidos por disposición expresa. En
  particular, en el procedimiento administrativo
  procede

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Instrucción del procedimiento

• Recabar antecedentes y documentos.
• Solicitar informes y dictámenes de cualquier
  tipo.
• Conceder audiencia a los administrados,
  interrogar testigos y peritos, o recabar de los
  mismos declaraciones por escrito.
• Consultar documentos y actas.
• Practicar inspecciones oculares.
• Art. 169. Solicitud de pruebas a los
  administrados.
• La autoridad puede exigir a los administrados la
  comunicación de informaciones, la presentación de
  documentos o bienes, el sometimiento a
  inspecciones de sus bienes, así como su
  colaboración para la práctica de otros medios de
  prueba. Para el efecto se cursa el requerimiento
  mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones
  para su cumplimiento.
• Este artículo se refiere sólo a los
  procedimientos de oficio.
• En general, los administrados no están obligados
  a presentar pruebas en un procedimiento
  administrativo. La presentación de pruebas es

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Instrucción del procedimiento

• sólo una facultad que tienen los administrados
  y que pueden ejercitar, o no, en los
  procedimientos en que intervienen. Sin embargo,
  este artículo dispone que, en los procedimientos
  de oficio, la Administración sí puede obligar al
  administrado a presentar determinada información
  o documentación, que resulte necesaria para
  resolver el asunto que es materia del
  procedimiento.
• Esto se debe a que, en comparación con los
  procedimientos iniciados a solicitud de parte, en
  los procedimientos de oficio se protege con mayor
  convicción los intereses generales de la
  sociedad. Los intereses del administrado cenden
  ante los intereses de la sociedad denfendidos por
  medio del procedimiento de oficio.
• La negativa injustificada del administrado, dará
  lugar a la ejecución de los actos previstos en el
  capítulo IX de la Ley.
• Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista
  en el párrafo anterior, cuando la sujeción
  implique la violación al secreto profesional,
  una revelación prohibida por la ley, suponga
  direc -

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Instrucción del procedimiento

• tamente la revelación de hechos perseguibles
  practicados por el administrado, o afecte los
  derechos constitucionales. En ningún caso esta
  excepción ampara el falseamiento de los hechos o
  de la realidad.