JUSTICIA AMBIENTAL EN MATERIA CIVIL

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JUSTICIA AMBIENTAL EN MATERIA CIVIL.
DRA.MIRNA ANTONIETA PERLA JIMENEZ MAGISTRADA DELA
SALA DE LO CIVIL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
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• La problemática ambiental que enfrentamos como
  país es grave pues tenemos un país densamente
  poblado lo cual nos hace muy vulnerables a
  problemas de uso inadecuado de los recursos
  naturales y para ello podemos traer como ejemplo
  el problema de la contaminación de suelo, aire,
  agua, esto a su vez hace que haya un consumo
  excesivo de recursos naturales y con las
  catástrofes naturales que hemos tenido en los
  últimos años por el cambio climático hemos
  entrado en un ciclo bien importante de crisis
  alimentaria.

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• Tenemos problemas con el agua la cual según el
  último informe del Ministerio de Medio ambiente
  tenemos un 98 de agua contaminada, es decir
  nuestros ríos están la mayoría contaminados y
  muchos de los mantos acuíferos subterráneos
  también esto tiene como consecuencia la cantidad
  de personas con enfermedades gastrointestinales
  y renales que hacen uso del sistema nacional de
  salud y por ende los costos que esto trae para el
  estado. Lo mismo sucede con el aire el índice de
  contaminación del aire es alto y eso es una de
  las causas de muchas enfermedades respiratorias
  en nuestro país, también no se puede pasar por
  alto la falta de información actualizada para la
  toma de decisiones de carácter ambiental.

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• Otra dificultad es la falta de datos y la
  dificultad de acceso a los que existen y eso ha
  sido más notorio en los últimos años, ya que a
  nivel nacional, los informes sobre el estado del
  medio ambiente han cambiado sustancialmente al
  pasar de una forma cuantitativa a una forma
  descriptiva.
• Somos el país que ocupa el segundo lugar a nivel
  mundial después de Haití en la deforestación, lo
  cual debe ser una preocupación dentro de la
  agenda del gobierno y de los funcionarios que
  estén ligados a este tema y en ello es donde el
  Órgano Judicial también tiene la responsabilidad
  de facilitar el acceso a la Justicia Ambiental y
  para ello haremos una pequeña reflexión de cómo
  estamos en este momento a nivel jurisdiccional.

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• Comenzare por hacer una reseña histórica de cómo
  surge la Ley del Medio Ambiente en El Salvador,
  nuestro país asistió a la Conferencia de las
  Naciones unidas sobre Medio Ambiente y
  Desarrollo, la cual se llevo a cabo en junio de
  1992, en Rio de Janeiro Brasil, la cual es
  conocida como La Cumbre de la Tierra, esta
  cumbre fue un acuerdo intergubernamental en torno
  a un plan de acción global a favor del desarrollo
  Sostenible, acá se crea la Comisión para el
  Desarrollo Sostenible de las Naciones unidas.

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• Los compromisos específicos adoptados por la
  Conferencia Río-92 incluyen dos convenciones una
  sobre Cambios Climáticos y otra sobre la
  Biodiversidad, y también una Declaración sobre
  Florestas. La Conferencia aprobó, igualmente,
  documentos de objetivos más amplios y de
  naturaleza más política la Declaración de Río y
  la Agenda 21. Ambos endosan el concepto
  fundamental de desarrollo sostenible, que combina
  las aspiraciones compartidas por todos los países
  al progreso económico y material con la necesidad
  de una conciencia ecológica. Además de eso, por
  introducir un objetivo global de paz y de
  desarrollo social duraderos, la Río-92 constituyó
  una respuesta tardía a las gestiones de los
  países del Sur hechas desde la reunión de
  Estocolmo.

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• Nuestro país suscribió y ratifico esta
  conferencia y de allí surgió el compromiso de
  crear los países signatarios la normativa
  necesaria para proteger el medio ambiente a nivel
  nacional. Es así como en 1998 surge la Ley del
  Medio Ambiente en nuestro país.
• La ley establece desde esa época la creación de
  la jurisdicción ambiental en su capitulo II,
  procedimiento judicial, y en el art. 99
  establece la jurisdicción ambiental y la creación
  de los Tribunales Agro-ambientales y las
  respectivas cámaras, sobre éste punto es
  necesario detenernos y hacer un análisis al
  respecto en primer lugar creo que lo de
  agro-ambientales fue un lapsus que hay que
  corregirlo con una reforma, pues la ley es clara
  al establecer la jurisdicción netamente
  ambiental.

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• Ahora bien que ha pasado con los problemas
  ambientales que hasta hoy únicamente han llegado
  a la vía jurisdiccional sólo por la vía penal y
  para ello con muchas dificultades. Pero como el
  tema que me toca no es el penal si no civil vamos
  hablar un poquito sobre la responsabilidad civil
  que deviene o se deriva de actos que atentan
  contra el medio ambiente y que es lo que ha
  ocurrido, si bien es cierto que el art. 111 de
  la Ley del Medio Ambiente dice. Competencia
  Ambiental, art. 111.- Corresponderá a los
  Juzgados de Primera Instancia y a las Cámaras de
  Segunda Instancia con competencia en materia
  civil o mixtos conocer sobre las infracciones
  cometidas a la presente ley y reglamento,
  mientras no sean creados los Tribunales a que se
  refiere el art. 99.

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• Este artículo si bien es cierto que le da la
  competencia a los Juzgados y Cámaras civiles para
  conocer se ha tropezado con la dificultad que
  algunos jueces y magistrados de cámaras sostienen
  que ellos no pueden conocer porque el art. 131
  numeral 31 de la Constitución de la República no
  los faculta ya que la Corte Suprema de Justicia
  no ha eregido a la fecha la jurisdicción
  ambiental.
• De lo anterior se colige la dificultad que
  conlleva el ejercicio de la acción civil cuando
  se trata de acciones que atentan contra el medio
  ambiente Entre ellas podemos mencionar la
  legitimación activa en materia ambiental
• La cuestión de la legitimación activa ha sido tal
  vez el aspecto que mayor evolución ha tenido en
  los últimos años en relación con la temática
  ambiental.

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• clásicamente, el único habilitado para actuar
  procesalmente en acciones de reparación de daño o
  de cese de producción de daño era el afectado
  directo, y esto lo podemos ver en el art. 101 de
  nuestra Ley del Medio Ambiente en donde establece
  en el literal a) La persona natural o jurídica
  que haya sufrido el daño de manera directa e
  inmediata. Hasta acá priva básicamente un
  criterio individualista y subjetivo que, de
  hecho, descalificaba cualquier intento de
  representación procesal de intereses difusos o
  colectivos, fueran éstos relativos o no a la
  cuestión ambiental. Pero este mismo artículo
  tiene cosas interesantes como por ej. El literal
  b, que de alguna manera legitima a los miembros
  de la comunidad a demandar y el literal c, que
  faculta a la Fiscalía General de la República y a
  la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
  Humanos , para ejercer la acción civil de
  reparación de daños ambientales.

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• Sobre este punto también no se puede pasar por
  alto el contenido del art. 58 del Código Procesal
  civil y Mercantil en cuanto a la capacidad y
  legitimación. Este artículo se refiere a las
  partes del proceso, y el numeral 5ª, tiene una
  parte novedosa porque en este punto pueden
  demandar las Juntas Directivas de Colonias y de
  índole similar podrían coadyuvar en los procesos
  donde existan intereses difusos , o bien
  intereses colectivos, que puedan ser
  considerados en este numeral. De lo anterior se
  colige que se debe tener en consideración que el
  Código Procesal civil y mercantil puede ser
  invocado supletoriamente en base al art. 102 de
  la Ley del medio ambiente, porque el art.101 del
  mismo cuerpo normativo ya establece quienes son
  los legitimados para el ejercicio de la acción
  civil de reparación de daños ambientales.

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• Esto aunado al cambio de criterio jurisprudencial
  que dio la Sala de lo Contencioso Administrativo
  en el caso de Los Cobanos, de admitir como
  legitimo contradictor una ONG, da un avance
  bastante grande en materia ambiental en nuestro
  país.
• Ahora bien el Código Procesal Civil y Mercantil
  nos viene a resolver en parte lo que tiene que
  ver con la responsabilidad civil que derive de
  actos que atentan contra el medio ambiente. En
  primer lugar si nos ubicamos en el caso del art.
  96 inciso último de la Ley del Medio Ambiente,
  estamos en presencia o de un juicio ejecutivo o
  podría también ventilarse como un juicio de
  liquidación de daños y perjuicios, son dos
  maneras que el Ministerio de Medio ambiente puede
  utilizar y con ello abrir la puerta a la justicia
  ambiental en los casos en que se inicia por una
  infracción administrativa.

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• En el primer caso de Juicio Ejecutivo ya la misma
  ley le da esta fuerza con lo cual sólo es de
  certificar e iniciar el juicio en mención en el
  segundo caso uno de los requisitos es el monto de
  los daños y poderlos probar, pero como ya existe
  un valúo hecho por peritos de igual forma sólo es
  accionar el sistema judicial, claro son dos
  figuras netamente civiles, pues por ahora no se
  cuenta con una ley procesal ambiental o una ley
  de reparación del daño ambiental, es probable que
  en un futuro la tengamos ya que es lo ideal por
  la especialización del área.

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• También hay que aclarar que la Ley de Medio
  Ambiente , estableció un procedimiento sumario
  en su art. 102 . Algunas personas sostienen que
  con la vigencia del nuevo Código Procesal Civil y
  Mercantil, esto quedo sin procedimiento, en
  primer lugar hay que tener en consideración el
  art. 20 del código procesal civil y mercantil
  así como lo establecido en el art. 102 de la Ley
  del Medio Ambiente, por lo que consideramos que
  no es cierto porque estamos en presencia de una
  mera liquidación de daños y perjuicios y que se
  homologa a través del procedimiento abreviado en
  el art. 241 que dice Se decidirán por los
  tramites del proceso abreviado las demandas cuya
  cuantía no supere los Veinticinco Mil Colones o
  su equivalente en Dólares de los Estados Unidos
  de América.

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• Además, se decidirán por este trámite ,cualquiera
  que sea su cuantía
• 1º. Las demandas de liquidación de daños y
  perjuicios...., y sobre el caso en el que pueden
  conocer a través del juicio ejecutivo es un
  procedimiento muy claramente establecido por lo
  que no hay razón para creer que no se pueda
  conocer estos casos a la luz del nuevo código
  procesal civil y mercantil.
• Por otra parte en los casos en que exista una
  pretensión procesal, en la cual no hay valúo de
  los daños ambientales se tendrá que ventilar como
  un juicio declarativo, es decir que lo primero
  que hay que pretender es la declaración que hay
  lugar a daños ambientales en un proceso común,
  esto lo encontramos en los arts. 90 relacionado
  con el art. 240, 241 y 242 del Código Procesal
  Civil y Mercantil.

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• Finalmente si se quiere aplicar el Código
  Procesal civil y mercantil, al procedimiento
  ambiental, se debe tener en cuenta la
  procuración obligatoria que exige el código,
  pero el art. 75 del mismo cuerpo normativo
  resuelve éste problema al establecer la
  procuración para personas de escasos recursos.
• Es probable que alguien se pregunte y entonces
  para que se necesitan los tribunales ambientales
  y la respuesta es la siguiente
• En primer lugar el derecho civil es eminentemente
  patrimonialista y el derecho ambiental es un
  derecho público de interés social que son, dos
  ámbitos totalmente diferentes además el problema
  se puede presentar en los juicios declarativos es
  decir en donde las personas se van a presentar
  al tribunal a interponer sus demandas por las
  siguientes razones

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• Es un área multidisciplinaria y uno de los
  problemas es a la hora de verter la prueba y su
  valoración.
• La interpretación de los informes técnicos.
• Las medidas cautelares apropiadas a esta
  disciplina.
• CONCLUSIÒN
• Se puede acceder a la vía jurisdiccional para
  efectos del ejercicio de la acción civil que
  provenga de actos que atenten contra el medio
  ambiente ante los tribunales civiles y
  mercantiles, siempre y cuando se lleve a cabo de
  la manera planteada en los párrafos que
  anteceden, mientras no se creen los Tribunales
  Ambientales.
• MUCHAS GRACIAS.