Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci

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Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal

• Dr. Ernesto Villanueva

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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

• Ha sido reformada seis veces.
• La última reforma fue el 5 de enero de 2007,
  publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
  Federal
• Actualmente cuenta con 78 artículos
• A continuación expondremos los que a nuestro
  parecer tienen gran incidencia en el pleno
  ejercicio del derecho de acceso a la información

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Artículo 1

• Este Artículo introductorio plantea la
  naturaleza y características de la presente ley,
  debemos señalar los siguientes conceptos, que
  toda ley debe ser
• General porque aplica a todos los supuestos
  previstos por la misma, y a todos los individuos
  sin excepción
• Es abstracta, porque no concreta todas las
  situaciones del mundo fáctico, sino que establece
  líneas generales y premisas de las cuales se
  pueden inferir casos concretos
• Es intemporal, pues no tiene un período de
  duración (salvo la Ley de Ingresos y Egresos de
  la Federación), a estas características generales
  de todas las leyes, el presente Artículo añade
  que ésta es una Ley de orden público e interés
  general.

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Articulo 1

• Con relación a la interpretación jurisprudencial
  de dichos conceptos, se debe señalar que existen
  un sinnúmero de resoluciones, pero ninguna aporta
  un concepto como tal, más bien, hacen referencia
  a los efectos del Orden Público e Interés General

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Artículo 1

• Otro aspecto importante son las finalidades
  generales de la ley, entre las cuales debemos
  destacar el transparentar y garantizar el acceso
  a la información pública, por lo cual, debemos
  acotar que transparentar significa hacer más
  accesible la información de las organizaciones
  públicas y/o gubernamentales a la supervisión
  pública, mediante sistemas de clasificación.
• Tradicionalmente, el concepto de transparencia
  nos refiere al flujo de información social,
  política y económica que generan los servidores
  públicos, por tanto, los atributos de la
  transparencia son el fácil acceso a la
  información, que sea información comprensiva, que
  sea información relevante y que existan criterios
  de calidad y confiabilidad para el ciudadano.

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Artículo 4 (definiciones)

• I. Consulta Directa La prerrogativa que tiene
  toda persona de allegarse información pública,
  sin intermediarios
• II. Datos Personales Toda información relativa a
  la vida privada de las personas
• III. Derecho de Acceso a la Información Pública
  La prerrogativa que tiene toda persona para
  acceder a la información generada, administrada o
  en poder de los Entes Públicos, en los términos
  de la presente Ley

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Artículo 4 (definiciones)

• IV. Ente Público La Asamblea Legislativa del
  Distrito Federal el Tribunal Superior de
  Justicia del Distrito Federal El Tribunal de lo
  Contencioso Administrativo del Distrito Federal
  El Tribunal Electoral del Distrito Federal el
  Instituto Electoral del Distrito Federal la
  Comisión de Derechos Humanos del Distrito
  Federal la Junta de Conciliación y Arbitraje del
  Distrito Federal la Jefatura de Gobierno del
  Distrito Federal las Dependencias, Órganos
  Desconcentrados, Órganos Político Administrativos
  y Entidades de la Administración Pública del
  Distrito Federal los Órganos Autónomos por Ley
  aquellos que la legislación local reconozca como
  de interés público y ejerzan gasto público y los
  entes equivalentes a personas jurídicas de
  derecho público o privado, ya sea que en
  ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de
  los órganos antes citados o ejerzan gasto público

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Artículo 4 (definiciones)

• V. Información Confidencial La que contiene
  datos personales relativos a las características
  físicas, morales o emocionales, origen étnico o
  racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima
  y afectiva, número telefónico privado, correo
  electrónico, ideología, preferencias sexuales y
  toda aquella información que se encuentra en
  posesión de los entes públicos, susceptible de
  ser tutelada por el derecho fundamental a la
  privacidad, intimidad, honor y dignidad
• VI. Información de Acceso Restringido Todo tipo
  de información en posesión de entes públicos,
  bajo las figuras de reservada o confidencial

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Artículo 4 (definiciones)

• VII. Información Pública Todo archivo, registro
  o dato contenido en cualquier medio, documento o
  registro impreso, óptico, electrónico, magnético,
  químico, físico o biológico que se encuentre en
  poder de los entes públicos y que no haya sido
  previamente clasificada como de acceso
  restringido
• VIII. Información Reservada La información
  pública que se encuentre temporalmente sujeta a
  alguna de las excepciones previstas en esta Ley
• IX. Instituto Al Instituto de Acceso a la
  Información Pública del Distrito Federal
• X. Oficina de Información Pública La unidad
  administrativa receptora de las peticiones
  ciudadanas de información, a cuya tutela estará
  el trámite de las mismas, conforme al reglamento
  de esta Ley

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Artículo 4 (definiciones)

• XI. Persona Todo ser humano sin importar
  condición o entidad jurídica, salvo lo dispuesto
  en esta Ley
• XII. Protección de Datos Personales La garantía
  que tutela la privacidad de datos personales en
  poder de los entes públicos
• XIII. Prueba de Daño Carga de los entes públicos
  de demostrar que la divulgación de información
  lesiona el interés jurídicamente protegido por la
  Ley, y que el daño que puede producirse con la
  publicidad de la información es mayor que el
  interés de conocerla
• XIV. Servidor Público Los representantes de
  elección popular, los miembros de los órganos
  jurisdiccionales del Distrito Federal, los
  funcionarios y empleados, y en general toda
  persona que maneje o aplique recursos económicos
  públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión
  de cualquier naturaleza en los entes públicos y
• XV. Solicitante Toda persona que pide a los
  entes públicos Información, supresión o
  modificación de datos personales.

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Artículo 5

• El punto medular de la legislación en la materia
  de transparencia y acceso a la información
  pública es otorgar facilidades a la ciudadanía,
  en general, y a los medios de comunicación, en
  particular, para acceder a la información
  pública, por eso, la principal responsabilidad de
  las autoridades gubernamentales es fomentar la
  difusión del contenido de la presente ley entre
  los ciudadanos del Distrito Federal.
• La participación de las personas en la vida
  política, económica, social y cultural del
  Estado, es decir, la vida pública, requiere de un
  proceso, el cual implica una transformación
  cultural desde la sociedad y para la sociedad.

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Artículo 6 (interpretación)

• Encierra valores superiores del ordenamiento
  jurídico incorpora la herramienta fundamental de
  interpretación para cualquier operador jurídico
  que se acerque a la ley
• Expande la fuerza normativa de la Constitución al
  interactuar con instrumentos internacionales y,
  finalmente, confirma el carácter supremo de la
  Carta reconociendo su vinculatoriedad como forma
  jurídica de la democracia, al garantizar el
  ejercicio de un derecho fundamental propio del
  Estado democrático social y de derecho moderno
  el Estado Constitucional.
• Los valores superiores del ordenamiento jurídico
  se insertan en la Constitución material, es
  decir, en el contenido esencial de los ideales
  que dan vida al Poder Constituyente para que
  elabore la norma fundante que el legislador
  desarrollará posteriormente en legislaciones
  específicas.
• Conocer lo público es consustancial al sistema
  democrático, establecer sus parámetros, modos y
  herramientas para los casos de duda e
  incertidumbre (que siempre se presentan en la
  aplicación normativa) es propio del Estado de
  derecho.

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Artículo 6 (interpretación)

• Hay que abordar, necesariamente, algunos aspectos
  básicos de la interpretación y diferenciarla en
  sí misma.
• Habrá que ahondar en lo que es la interpretación,
  sus modalidades y parámetros o cánones referidos
  en el Artículo en comento.
• La interpretación del Derecho es una actividad
  cognoscitiva dirigida a reconocer o a reconstruir
  el significado que ha de atribuirse a formas
  representativas en el ámbito del orden jurídico
  (Betti).
• Esto es, la actividad hermenéutica rellena la
  norma para aclarar la situación real o la
  voluntad verdadera del legislador pues
  interpretación es indagación del contenido.
• De hecho, la interpretación no sólo se lleva a
  cabo cuando el jurista se encuentra con
  obstáculos en su labor jurídica, sino que,
  acuerdo con Kelsen es un procedimiento
  espiritual que acompaña al proceso de aplicación
  del derecho, en su tránsito de una grada superior
  a una inferior.

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Artículo 8

• El ciudadano puede ejercitar el derecho de acceso
  a la información pública sin necesidad de
  acreditar ningún derecho subjetivo, interés
  legítimo o razón para solicitar la información en
  poder de la administración pública es decir, que
  no se debe demostrar, señalar, hacer saber o
  justificar el pleno ejercicio de este derecho.
  Uno puede preguntar por información sin que se le
  cuestione para qué quiere esa información. Sin
  embargo, como cualquier derecho este no es
  absoluto pues existen limitantes como son la
  protección de datos personales y algunas
  restricciones que deben estar plasmadas en la
  Ley.
• Para Francisco Javier Acuña Llamas la expresión
  datos personales es omnicomprensiva y consiste en
  la información de cualquier tipo referida a
  personas físicas o morales determinadas o
  determinables. Los principios que han
  influenciado la normatividad de la protección de
  datos personales son
• Limitación de la finalidad calidad y
  proporcionalidad de los datos información de los
  afectados seguridad y deber de secreto derechos
  de acceso, corrección y supresión restricciones
  a transferencias ulteriores reglas especiales
  para datos sensibles derechos de exclusión en
  casos de marketing decisiones individuales
  automatizadas y existencia de una autoridad de
  protección de datos.

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Artículo 9

• El precepto en cuestión es determinante para su
  interpretación, argumentación, aplicación y
  concreción. En efecto, toda disposición jurídica
  lleva implícita las características de la ley, y
  para el caso de las dificultades naturales que
  generan la generalidad y abstracción de las
  normas (que se aplica por igual a todos y que no
  regulan un caso en específico, respectivamente),
  es loable que una ley nueva (a pesar de tratarse
  de una reforma, en sentido material bien podemos
  hablar de una nueva ley por las mejoras
  sustanciales) prevea parámetros para establecer
  sin cortapisas las directrices, razones y
  finalidad del propio cuerpo normativo.
• Toda norma genera visiones distintas acerca de
  sus alcances, sobre ello versa toda controversia
  jurídica. En la medida en que las leyes
  establecen con precisión sus cánones
  interpretativos a partir de objetivos específicos
  se reduce el margen de discrecionalidad en su
  aplicación y con ello se garantiza una eficacia
  tutelar de los derechos que la norma entraña para
  toda persona a mayor certidumbre en la
  concreción normativa, menos riesgo de
  vulnerabilidad en los derechos

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Artículo 9

• Es en el tenor de lo comentado que el Artículo 9º
  establece como objetivo contribuir a mejorar la
  calidad de vida de las personas a través de un
  acceso libre a la información pública, con lo
  que reconoce la efectividad de un derecho que
  atraviesa de forma vinculante todas las dinámicas
  y relaciones entre el ciudadano y la autoridad
  Por qué se tomó tal decisión? Cuál es el
  costo-beneficio de tal política pública? Cuántos
  policías están destinados a una zona específica
  de la ciudad? Por qué no se me ha otorgado un
  permiso y a mi vecino sí? Son ejemplos de
  preguntas en realidad peticiones de información
  que tienen que ver, directamente, con la calidad
  de vida de las personas y que garantizan, por un
  lado, la eficacia gubernamental y la mejor toma
  de decisiones de los ciudadanos, por el otro.

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Artículo 11

• Este precepto normativo desarrolla la dinámica
  específica que abarca el ejercicio del derecho de
  acceso a la información.
• Una ecuación jurídica básica consiste en que no
  hay derechos (entendidos como facultades que
  derivan de la norma) sin obligaciones
  correlativas.
• Tratándose de obligaciones de servidores públicos
  estás adquieren mayor relevancia por el bien
  jurídico al que sirven el bienestar de la
  comunidad a partir del respeto irrestricto de los
  derechos de las personas.
• El incumplimiento de una obligación trae
  aparejada una sanción para el infractor. De ahí
  que la nueva norma mejora en todas sus
  dimensiones a la ley reformada, pues amplía el
  catálogo de acciones que alrededor de la
  información deben satisfacer las autoridades lo
  que a su vez implica el debido desarrollo del
  derecho de acceso a la información.

18
Artículo 11

• Hay tres aspectos positivos más que comentar al
  respecto la incorporación del formato
  electrónico, la reproducción de la información y
  la protección a la integridad del expediente.
  Veamos
• La tecnología ha disminuido la distancia entre la
  información y el ciudadano, hoy todo está a la
  mano de cualquiera y por ello el ejercicio
  público, como la mayoría de las dinámicas
  humanas, cambian su proceder tradicional.
• El servicio público ya no se desenvuelve sólo en
  ventanilla, y que el gobierno se acerque al
  ciudadano facilitando el acceso a la información
  por Internet fomentará el interés de las personas
  por lo público, ahorrará tiempo, energía,
  recursos y trabajo.

19
Artículo 11

• La respectiva referencia demuestra el ánimo de
  construir un Estado moderno y eficaz, lo que
  cumple también con el cometido democrático.
• La reproducción de la información satisface la
  voluntad del solicitante o bien le permite
  analizar el contenido informativo en el lugar y
  tiempo que le plazca o por el contrario, le
  satisface un derecho gratuito si es que opta por
  hacerse de la información en las instalaciones de
  la propia dependencia si es que no usó el campo
  cibernético para enterarse de lo pretendido.
• Entregar la información en el estado en que se
  encuentra garantiza la imposibilidad de alterar
  el contenido de la propia información y permite
  al ciudadano entender y conocer el status quo del
  asunto de su interés previsión que implica una
  obligación más para el funcionario y que
  redimensiona el alcance de la indagación
  informativa.

20
Artículo 16

• A nuestro criterio, el presente Artículo se
  encuentra relacionado con el contenido de la
  fracción XI, del diverso 13, de esta ley, que
  establece que al inicio de cada año, los entes
  públicos deberán publicar y mantener actualizada,
  de forma impresa o en los respectivos sitios de
  Internet, de acuerdo con sus funciones, según
  corresponda, la información relacionada con los
  actos y contratos suscritos en materia de obras
  públicas, adquisiciones o arrendamiento de bienes
  o servicios.
• Tal numeral establece la obligación genérica de
  revelar información en ciertas materias. Sin
  embargo, los artículos que establecen de manera
  específica la información que debe publicarse y
  actualizarse al inicio de cada año, en las
  materias mencionadas en el párrafo que antecede,
  son el 14, el 15 y el 16.

21
Artículo 16

• La obra pública, de conformidad con el Artículo
  24, de la Ley de Obras Públicas del Distrito
  Federal, se puede contratar por licitación
  pública o por invitación restringida.
• Esta última tiene dos modalidades, a saber a) la
  invitación a cuando menos tres participantes, y
  b) la adjudicación directa.
• El Artículo 14, de la Ley de Transparencia y
  Acceso a la Información Pública del Distrito
  Federal, establece la información que se debe
  publicar y actualizar anualmente tratándose de
  obra pública contratada mediante licitación
  pública.

22
Artículo 16

• Por otra parte, la información que debe revelarse
  cuando se contrata obra pública por invitación
  registrada es determinada por el Artículo 16, de
  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
  Pública del Distrito Federal.
• Antes de la reforma, dicho numeral establecía que
  se debía precisar
• a) el monto,
• b) el lugar,
• c) el plazo de ejecución,
• d) la identificación del Ente Público ordenador y
  responsable de la obra,
• e) el nombre del contratista (el cual es definido
  por la fracción XIII, del Artículo 2, de la Ley
  de Obras Públicas para el Distrito Federal, como
  la persona física o moral que celebre contratos
  para la ejecución, suministros o servicios en la
  realización de la obra pública) y
• f) los mecanismos de vigilancia y supervisión.
• El texto vigente dispone que, además de lo
  anterior, se deben dar a conocer los estudios de
  impacto ambiental y sísmico.
• Tomando en consideración la definición de impacto
  ambiental proporcionada por el Artículo 5, de la
  Ley Ambiental del Distrito Federal, se puede
  conceptuar el estudio de impacto ambiental,
  tratándose de obra pública, como el análisis de
  la modificación del ambiente que ocasionará la
  acción del hombre.

23
Artículo 19

• Este Artículo, en la clara conciencia que hay que
  educar para una cultura de la transparencia y la
  apertura en la tarea gubernamental, pone el
  acento en la necesaria capacitación que deben
  tener todos los servidores públicos, en lo que
  respecta al derecho de acceso a la información
  pública y en la obligación de proteger los datos
  personales bajo su custodia. Esto último, en la
  tutela debida a la intimidad de las personas.
• Asimismo, se fija que dicha enseñanza debe
  coordinarse con el Instituto de Acceso a la
  Información Pública del Distrito Federal, ya que
  este organismo se ocupa de la promoción e
  implementación de la enseñanza en los diversos
  ámbitos educativos. Y tal como lo establece el
  Artículo 63 inciso V de la norma, el Instituto es
  el encargado de organizar seminarios, cursos,
  talleres y demás actividades que promuevan el
  conocimiento de la presente Ley y las
  prerrogativas de las personas, derivadas del
  Derecho de Acceso a la Información Pública.

24
Artículo 21

• La importancia de promover la inserción en los
  planes y programas de estudio la materia del
  derecho de acceso a la información sobre todo en
  las licenciaturas de Comunicación y Periodismo
  así como de Derecho permitirá conformar
  generaciones de profesionistas especializados en
  la materia.
• Se pueden configurar especialidades en esta área
  para los abogados que se interesen en esta
  incipiente materia que en el ámbito internacional
  no lo es tanto. El perfil de abogado cuadra en
  las áreas jurídicas de las dependencias que en
  algún momento deberán dar respuesta a las
  solicitudes de información. En cuanto al personal
  operativo del Instituto de Acceso a la
  Información Pública al momento de dictar
  lineamientos en materia de Archivos Públicos o
  Protección de Datos Personales deberá contar con
  asesores especializados en la materia y más aún
  cuando se trata de la tramitación y desahogo del
  recurso de revisión.

25
Artículo 22

• El principio de máxima apertura informativa es
  regla general en México y en todos aquellos
  países del orbe que cuentan con regulación sobre
  el derecho de acceso a la información. Sin
  embargo, el hecho de que toda información que
  genere, posea, o resguarde cualquier autoridad
  sea pública no implica la pertinencia de su
  conocimiento.
• Nos referimos desde luego a aquella información
  que por su contenido pueda causar un daño mayor
  si se publica al que supone la restricción de su
  conocimiento.
• Por ejemplo, si absolutamente toda la información
  fuese susceptible de ser entregada o conocida los
  delincuentes podrían preguntar a los órganos de
  procuración y administración de justicia si es
  que existe alguna averiguación en su contra, lo
  que generaría su huída y la oportunidad perdida
  de enjuiciar a quien ha delinquido, bien jurídico
  superior para la comunidad que aquel que supone
  un mecanismo de rendición de cuentas y de cultura
  de acceso como lo es el hecho de proporcionar
  información.

26
Artículo 22

• Además, la información bien puede distinguirse
  entre pública y privada o confidencial. En el
  caso de la información privada su titular es
  desde luego el individuo sujeto de tales datos.
  Cuando por el cumplimiento de su función la
  autoridad cuenta con datos personales, de acuerdo
  con la regla general, se trata de información
  pública, sin embargo la transmisión de esta clase
  de datos está subordinada a la intimidad y libre
  desarrollo de la personalidad de cada persona.
• Es así como la ley de transparencia de la ciudad
  capital define este tipo de información como de
  acceso restringido y la especifica en las
  modalidades de reservada y confidencial.
  Lógico resulta que también, como en el caso de
  cualquier legislación integral, la información
  clasificada como de acceso restringido, en sus
  modalidades de reservada y/o confidencial, no
  podrá ser divulgada, bajo ninguna circunstancia,
  salvo las excepciones previstas en los artículos
  subsiguientes.

27
Artículo 23

• En consonancia con el principio de legalidad que
  instituye que la autoridad sólo puede hacer lo
  previsto en la ley para el cargo que desempeña y
  nada más, el Artículo 23 establece las
  excepciones al principio de máxima publicidad y
  dota de seguridad jurídica al solicitante de
  información limitando las excepciones en casos
  cuya finalidad es superior al conocimiento
  público.
• Este precepto refuerza el hecho de que es pública
  toda la información que obra en los archivos de
  los entes públicos, y delimita sus posibles
  excepciones con la condicionante que remite a la
  ley para constatar la expresión específica de la
  información reservada.
• Pueden clasificarse los diversos supuestos
  lícitos y legítimos para reservar información en
  los rubros de seguridad, justicia y
  fiscalización buen gobierno impulso y
  desarrollo del comercio y mercado equidad y
  dignidad humana.

28
Artículo 23

• En el rubro de seguridad, justicia y
  fiscalización los supuestos protegen la seguridad
  pública nacional y del Distrito Federal, cometido
  principalísimo de la existencia misma del Estado
  la vida, seguridad y salud de cualquier persona,
  cuando su divulgación pudiera ponerlas en riesgo,
  cuestión sobre la que desde luego no cabe
  consideración alguna, pues en el Estado
  democrático no hay acción o política pública que
  valga una sola lesión a la integridad de las
  personas.
• También se protege el desarrollo de
  investigaciones reservadas, lo que permite
  mejores posibilidades a la seguridad en general.
• Por los mismos y evidentes motivos de proteger
  aquella información relativa a la seguridad
  pública, es que se reserva también los
  expedientes, archivos y documentos que se
  obtengan producto de las actividades relativas a
  la prevención, que llevan a cabo las autoridades
  en materia de seguridad pública y procuración de
  justicia en el Distrito Federal y por supuesto
  las averiguaciones previas en trámite. otro tipo
  de archivos y expedientes que deben reservarse
  son los judiciales o de los procedimientos
  administrativos seguidos en forma de juicio,
  mientras la sentencia o resolución de fondo no
  haya causado ejecutoria conocer este tipo de
  información puede poner en peligro la justicia y
  otorgar una ventaja indebida a una de las partes
  del proceso.

29
Artículo 23

• En el mismo rubro, la información debe reservarse
  cuando su divulgación impida las actividades de
  verificación sobre el cumplimiento de las leyes,
  prevención o persecución de los delitos, la
  impartición de justicia y la recaudación de las
  contribuciones. Las razones para reservar este
  tipo de información responden a la importancia y
  cometido de su propia naturaleza.
• En congruencia y apego con el resto del
  ordenamiento jurídico, la ley de transparencia
  refiere expresamente la causal de reserva cuando
  la ley (debe entenderse cualquier norma
  jurídica, cualquier ley y no sólo la de
  transparencia) expresamente la considere como
  reservada.

30
Artículo 23

• Cuando se trata de procedimientos de
  responsabilidad de los servidores públicos y
  todavía no se dicta la resolución administrativa
  definitiva la información permanecerá reservada
  si bien los asuntos públicos, máxime cuando se
  trata de alguna irregularidad por parte de un
  funcionario, detona los controles sociales y el
  conocimiento preciso de la información resulta
  indispensable para ello paradójicamente es
  imprescindible reservar esta información para
  lograr certidumbre en la investigación y
  objetividad en el resultado de que se trate.
• Una de las funciones torales de los órganos
  legislativos es el control y la fiscalización. De
  ahí que la información relativa a la
  transcripción de reuniones e información obtenida
  por las Comisiones de la Asamblea Legislativa del
  Distrito Federal, cuando se reúnan en el
  ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para
  recabar información, configura un supuesto de
  clasificación de reserva para permitir el control
  férreo y la deliberación libre de presiones de
  los miembros de las comisiones legislativas.

31
Artículo 23

• En el rubro que denominamos buen gobierno cabe
  sin duda la reserva cuando se trate de
  información que contenga opiniones, solicitudes
  de información, recomendaciones o puntos de vista
  que formen parte del proceso deliberativo de los
  servidores públicos pues la opinión externa y
  las presiones de cualquier tipo serán siempre
  factores que pueden incidir y cambiar el rumbo
  del proceso de toma de decisiones. Lo mismo
  podemos aplicar para la información contenida en
  informes, consultas y toda clase de escritos
  relacionados con la definición de estrategias y
  medidas a tomar por los entes públicos en materia
  de controversias legales pues la participación
  del gobierno en estos procesos lleva aparejada la
  representación de los intereses de la sociedad.
  Con ello podríamos afirmar que la reserva viene a
  prestar un servicio en pro de la comunidad.
• Respecto del impulso y desarrollo del comercio y
  mercado resulta pertinente la reserva de
  información relativa al secreto comercial,
  industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro
  considerado como tal por una disposición legal
  su naturaleza es contraria a lo público y de
  hecho ya se considera reservada por otras
  disposiciones.
• El legislador reforzó en este texto como hizo el
  federal y el de varias leyes de avanzada- la
  protección a este tipo de información. Es
  evidente que la información relacionada con la
  propiedad intelectual, patentes o marcas en poder
  de los entes públicos no puede ser divulgada.

32
Artículo 23

• La equidad se garantiza al reservar aquella
  información que pueda generar una ventaja
  personal indebida en perjuicio de un tercero o de
  los entes públicos, pues la información lleva
  aparejada en ciertas ocasiones un valor
  intrínseco que le pertenece al titular de la
  misma, o en otro caso, puede acarrear ciertos
  riesgos si es que se divulga, como ocurre con la
  seguridad, las estrategias jurídicas o los
  procesos deliberativos.
• En el caso que nos ocupa el legislador capitalino
  rebasó los estándares nacionales al prever el
  caso de un posible perjuicio de los entes
  públicos.
• El toque humanista de las excepciones al
  principio de máxima publicidad por vía de reserva
  se confirma con una excepción a las excepciones
  pues es clara la norma y favorece la dignidad
  humana al establecer que no podrá invocarse el
  carácter de reservado cuando se trate de la
  investigación de delitos de lesa humanidad con
  lo que esta prohibición se erige como uno de los
  principales cánones interpretativos que dan buena
  cuenta de la nueva norma.
• El precepto en comento establece finalmente que
  mediante previa solicitud, la autoridad deberá
  preparar versiones públicas de todos los
  supuestos previstos en el presente Artículo,
  cuidando la protección de datos personales.
• Aquí se fomenta la cultura de apertura
  informativa, se garantiza que la información
  reservada verá la luz tarde o temprano y se
  evitará la posibilidad de manipular determinada
  información reservada

33
Artículo 24

• Protege el derecho a la privacidad de las
  personas al salvaguardar de la publicidad cierta
  información que por su naturaleza requiere de un
  resguardo especializado.
• La protección de los datos personales constituye
  un derecho natural pues es consustancial a la
  dignidad de las personas, esto es la protección
  de este derecho fomenta el desarrollo de la
  personalidad de los individuos, o dicho de otra
  manera, el contenido esencial del derecho
  fundamental a la protección de los datos
  personales es la intimidad y dignidad de los
  individuos.

34
Artículo 24

• La Sentencia del Tribunal Constitucional Federal
  Alemán del 15 de diciembre de 1983, en la que se
  declararon inconstitucionales algunos artículos
  de la Ley del Censo de la República Federal
  Alemana, marcó un punto de partida en la defensa
  de los derechos de la persona a preservar su vida
  privada.
• La importancia de dicha sentencia radica en la
  interpretación realizada sobre la titularidad de
  las personas de sus datos personales, y como tal
  se le debe requerir su consentimiento por parte
  de terceros que busquen almacenarlos, cederlos o
  publicarlos, es decir, el derecho a la intimidad
  protección de datos personales- sobrepasó su
  status negativo, como garantía de la no
  interferencia de la autoridad dentro del ámbito
  de privacidad de las personas, a un status activo
  en donde existe la posibilidad de ejercer control
  directo sobre la información personal en posesión
  de los entes públicos, es decir, se imponen
  obligaciones de hacer al Estado al constituir
  como exigible el control de los datos personales.

35
Artículo 26

• Establece el periodo máximo para clasificar como
  reservada determinada información. Manda también
  la prohibición para difundir la información así
  clasificada.
• Las obligaciones que se derivan de la ley para
  las autoridades corren así por dos vertientes
  por un lado implica la obligación de hacer y de
  dar, en este caso ubicar la información,
  resguardarla, clasificarla, proporcionarla,
  reproducirla, etc., y por el otro conlleva una
  obligación de no hacer, pues la misma sanción
  puede ameritar un funcionario que no entregue que
  lo que debe entregar como aquel que proporcione
  lo que no debe proporcionar.
• El periodo de reserva es ejemplar siete años.
  Contra veinte años o la indeterminación de otros
  ordenamientos de la materia (nacionales e
  internacionales), el gobierno capitalino tendrá
  la misma obligación en lapsos de tiempo- que el
  de Morelos.

36
Artículo 28

• Atiende al principio de seguridad jurídica
  previsto en los artículos 14 y 16
  constitucionales, pues protege al ciudadano de un
  posible abuso de la autoridad responsable de
  otorgar la información, al tiempo que permite al
  Estado reservarse cierta información que por su
  naturaleza pudiera lesionar el interés general.
• La reserva de cierta información atiende a fines
  específicos, pues aun cuando toda legislación en
  materia de acceso a la información debe basarse
  en el principio de máxima publicidad, por ser
  derecho fundamental de los ciudadanos conocer
  cualquier tipo de información estatal, ello, como
  cualquier derecho encuentra límites y controles,
  ya que un postulado básico de los derechos y
  libertades fundamentales es el límite a estos
  cuando transgreden los derechos y libertades de
  terceros.
• En el caso de la información reservada, los
  intereses que en principio transgreden son
  generales, es decir, la posible afectación que
  produciría dicha información de ser divulgada
  perturbaría a todos los capitalinos, y en cierta
  forma a los mexicanos, pues si bien es cierto que
  la producción y salvaguarda de la información
  responden al ejercicio del presupuesto público, y
  que de ahí emana la titularidad de la Nación
  sobre su propiedad, también lo es que de las
  propias atribuciones de los órganos estatales
  subyace la obligación de mantener en resguardo
  determinada información que por su carácter no
  debe ser del conocimiento de la sociedad.

37
Capítulo V (arts. 29-37)

• Los siguientes artículos integran un bloque de
  preceptos relativos a la protección de los datos
  personales en la Ley de Acceso a la Información
  Pública del Distrito Federal, cuestión inherente
  a la protección de la vida privada, el derecho a
  la intimidad y otros bienes jurídicos adyacentes,
  como estructura del orden jurídico y como
  garantía de respeto a la dignidad personal.
• Los derechos de la personalidad, son la raíz
  axiológica del derecho a la intimidad y su
  especie la protección de los datos personales.
• Al margen de una previsión normativa explícita
  del derecho a la intimidad por el Derecho interno
  el caso de México, la Constitución General lo
  establece de modo implícito- de ninguna forma
  ello supone la inexistencia de base para reclamar
  su protección, la previsión constitucional de
  referencia se refuerza y expande con las
  previsiones de estos derechos en las convenciones
  y tratados internacionales suscritas y
  ratificadas por el Estado mexicano.

38
Capítulo V (arts.29-37)

• En Europa, con miras a su unificación se fraguó
  un instrumento referencial que articula y expresa
  claramente el significado y el alcance de lo que
  el Tribunal Alemán denominara la
  autodeterminación informativa, me refiero al
  Convenio para la protección de las personas con
  respecto al tratamiento automatizado de datos de
  carácter personal de 1981, antecedido y seguido
  por otros instrumentos internacionales y
  comunitarios
• El lema de dicho convenio fue "conciliar los
  valores fundamentales del respeto a la vida
  privada y de la libre circulación de la
  información entre los pueblos".
• En él se asienta que ciertas categorías
  particulares de datos no podrán tratarse
  automáticamente, a menos que el derecho interno
  prevea garantías apropiadas (Artículo 6.)
• Deberán tomarse medidas de seguridad apropiadas
  para la protección de los datos personales contra
  la destrucción accidental o no autorizada como
  contra el acceso, modificación o difusión no
  autorizados.

39
Artículo 38

• Este Artículo refiere a la operatividad en el
  procedimiento, de algunos de los principios
  básicos que nutren el derecho al acceso a la
  información pública y otros aspectos que
  reafirman la lógica de apertura a la
  transparencia que baña la norma y la justifica.
• Principios En el plano de los principios, con
  particular novedad, se introduce expresamente, en
  primer lugar, el principio de buena fe del
  solicitante. Ello es fundamental, ya que ha sido
  una constante en la manera de comportarse de los
  gobiernos, en general, considerar que detrás de
  cada requerimiento de información, se escondían
  intenciones de las cuales se debían defender.

40
Artículo 38

• Así, cualquier pedido de información se tomaba
  con desconfianza y sospecha de mala fe, por lo
  que la primera actitud era esconder información o
  complicar la entrega de la misma. Queda en claro
  que la buena fe se debe presumir siempre, porque
  es derecho de la persona -física o jurídica- el
  requerir información en poder del Estado.
• También se reitera y refresca el principio de
  publicidad. Principio este básico al sistema
  democrático. Derecho humano que se debe
  garantizar y que facilita el control y la
  participación de los individuos y de la sociedad
  en la gestión estatal. Además, este principio, es
  propio de la forma de gobierno republicana que
  presupone la publicidad de los actos de gobierno
  y la transparencia en la administración.

41
Artículo 38

• Asimismo, se resalta el principio de la libertad
  de información, que remata en el mismo sentido el
  razonamiento general que desarrolla el Artículo,
  ya que la publicidad dada, en un marco de
  amplitud y facilidad de acceso a la información,
  hace a la libertad de personas y pueblos. Al
  decir de la Corte Interamericana de Derechos
  Humanos, una sociedad que no está bien informada
  no es plenamente libre.
• Amplitud de personería activa para requerir
  información La ley reconoce con amplitud la
  personería para solicitar información pública. Lo
  que implica la posibilidad que el requerimiento
  lo formulen personas físicas y también las
  jurídicas.

42
Artículo 38

• Además, la norma y con base en el principio de
  buena fe, no hace distinción entre personas
  extranjeras o nacionales. En algunos Estados de
  México en sus leyes de Acceso a la Información
  Pública y en el proyecto de la norma se hacía
  distinción entre los ciudadanos mexicanos y
  quienes no lo fueran, para autorizar que se pueda
  solicitar información en materia política.
• En esto, con particular generosidad y en una
  interpretación amplia y globalizada del principio
  de buena fe y máxima apertura, esta ley permite
  transparentar la información, sin distinción de
  personas nacionales de las extranjeras, (ver en
  el mismo sentido el Artículo 4, incisos III y XI
  de la norma).

43
Artículo 38

• No se exige justificación o interés legitimo
  Tampoco se exige que se acredite interés
  legítimo, derecho subjetivo o razones
  justificantes para la petición.
• En definitiva, el titular de la información es el
  individuo que delegó en los representantes el
  manejo de los asuntos públicos.
• Este Artículo se complementa con el Artículo 8 de
  la ley y sus concordantes.
• Información a requerir La norma deja en claro
  que es todo tipo de información la que se puede
  solicitar, por lo que la regla es, como
  principio, el acceso amplio a toda información. Y
  la excepción, es la que expresamente se determine
  de acceso restringido, tal es el caso de la
  información confidencial o reservada, (ver
  artículos 4 y 8 de la norma).
• Cualidades del Procedimiento, -claro, pronto y
  expedito- El procedimiento determina el Artículo
  que debe ser simple, con criterio accesible y de
  fácil comprensión, explicaciones que faciliten
  que cualquier ciudadano pueda llevar adelante la
  petición y su concreción exitosa de la
  información, sin la necesidad de asistencia
  específica de especialistas en leyes y
  procedimientos.

44
Artículo 38

• Ya que, si para llevar adelante la solicitud
  hubiera que contratar a un abogado, implicaría
  una manera de encarecer, en los hechos, el acceso
  a la información, a contrapelo de lo que se tiene
  que facilitar.
• Lo que no obsta el asesoramiento gratuito, que la
  propia administración brinde a los administrados
  que desean saber del accionar gubernamental, a
  los fines de facilitarle sus inquietudes.
• Por lo que, el procedimiento debe estar
  claramente explicitado, desde el formulario para
  solicitar información a los trámites y hasta los
  pasos necesarios para obtenerla.
• También haciendo conocer las posibilidades que se
  tiene de apelar, si lo peticionado se resuelve de
  manera adversa al administrado y donde se
  efectiviza el planteo, entre los diversos datos
  que hay que proporcionar al peticionante.
• Destinatarios del requerimiento de información
  La norma establece que se puede requerir
  información, a tenor de esta norma, a todo órgano
  del estado, reparticiones autónomas y personas
  que administren fondos del erario público o
  presten servicios públicos, constituidas o en
  proceso de creación.

45
Artículo 41

• Uno de los principios fundamentales del Derecho
  de Acceso a la Información es el de Gratuidad, en
  la medida en que la información efectivamente sea
  accesible para cualquier persona sin importar la
  clase o condición social o el lugar en donde
  habite o incluso si es analfabeta.
• Se debe reconocer la condición socioeconómica de
  la mayoría de los habitantes a los que este
  destinada la norma.
• De nada serviría que la respuesta se diera en
  sentido afirmativo cuando el costo de
  reproducción por si mismo convierte en
  inaccesible la información.

46
Artículo 41

• La opción de la consulta directa viene a
  facilitar el acceso al evitar el pagar la
  reproducción de lo solicitado a cambio de acceder
  directamente al material para su consulta, en los
  términos y condiciones que al efecto establezca
  la Oficina de Información.
• El Artículo en comento establece claramente lo
  supuestos en los que se podrá realizar el cobro
  de un derecho por un monto de recuperación
  razonable que se establecerá en el Código
  Financiero Los casos son los siguientes
• La Reproducción.
• Proceso de búsqueda de información pública que no
  se encuentre disponible en la oficina donde se
  formuló la consulta.
• En los casos antes detallados se podrá cobrar un
  derecho y se establecen los límites máximos al
  referido cobro que son
• El costo de los materiales utilizados en la
  reproducción de la información
• El costo de envío.
• Así queda determinado tanto el supuesto como los
  costos máximos. En el párrafo final del Artículo
  se agrega además Los entes públicos deberán
  esforzarse por reducir al máximo, los costos de
  entrega de información
• Con ello se establece la posibilidad de,
  cumpliendo con el principio de gratuidad en
  función del caso concreto, reducir en algún
  momento los costos de la entrega de la
  información.

47
Artículo 43

• El presente numeral contempla las formalidades
  que deben observar las respuestas negativas a
  solicitudes de acceso a la información pública.
  Al ser este tipo de respuestas las que
  eventualmente se combatirían jurídicamente, el
  alcance del precepto en comento resulta
  fundamental
• 1. Formalidad de la negativa. La resolución debe
  constar por escrito. La exigencia de esta
  formalidad y de que se comunique al solicitante
  es congruente con lo dispuesto en el Artículo
  Octavo Constitucional que al consagrar el derecho
  de petición, impone a toda autoridad la
  obligación de responder por escrito aquellas
  peticiones que le sean formuladas.
• La respuesta por escrito a una solicitud de
  información brinda certeza en torno a los
  alcances y términos de la respuesta.
• Igualmente, dados los requisitos de contenido que
  la respuesta debe satisfacer, parece inevitable
  recurrir a la formalidad escrita a fin de
  cumplirlos cabalmente.

48
Artículo 43

• 2. Contenido de la resolución. En los casos en
  que la autoridad pública niegue el acceso a la
  información, le corresponde la carga de
  justificar la negativa. Dicho de otra forma, el
  ente público está obligado a acreditar que la
  información negada está comprendida dentro del
  régimen limitado de excepciones previsto en la
  ley.
• Por ello, la resolución negativa debe satisfacer
  los requisitos enunciados en el Artículo
  veintiocho.
• Esto es, indicar la fuente de la información y
  cómo la información solicitada encuadra
  legítimamente en alguna de las hipótesis de
  excepción contempladas en la Ley, así como
  justificar en qué medida la divulgación lesiona
  el interés público protegido y de qué manera el
  daño que la publicidad de la información
  produciría sobrepasa el interés público de
  conocerla.
• Además, la resolución negativa debe estar
  fundada y motivada y precisar las partes de los
  documentos reservadas, el plazo de reserva y la
  designación de la autoridad responsable de su
  conservación, guarda y custodia. Como vemos, se
  trata de requisitos de contenido muy importantes.
  Mismos que al constar por escrito y comunicársele
  al solicitante, garantizan su derecho a saber y,
  sobre todo, le permiten combatir la decisión del
  ente público promoviendo los recursos legales a
  que tiene legítimo derecho de acuerdo con la
  misma Legislación. De esta forma, el solicitante
  conocerá los argumentos en los que la autoridad
  sustentó la decisión contraria a sus expectativas
  y, de estimarlo conveniente, podrá
  controvertirlos ante la instancia
  correspondiente.

49
Artículo 43

• 3. Notificación de la resolución. La resolución
  adoptada por el ente público deberá hacerse del
  conocimiento del solicitante en el lugar, o por
  cualquiera de los medios señalados, para oír y
  recibir notificaciones. Originalmente la Ley
  preveía que la autoridad debida dar aviso de la
  negativa en el domicilio señalado por el
  solicitante para oír y recibir notificaciones.
• La reforma del año 2005 mejoró el alcance del
  precepto y contempla dos posibilidades para
  llevar a cabo la comunicación correspondiente
  ya sea el lugar para oír y recibir notificaciones
  o a través de cualquiera de los medios indicados
  por el propio solicitante.
• La novedad es de reconocerse, pues hace posible
  el conocimiento de la resolución a través de vías
  alternativas a la tradicional. Los avances
  tecnológicos permiten incluir una serie de
  mecanismos adicionales de comunicación entre la
  autoridad y el solicitante que ahorran recursos y
  tiempo.
• Cabe añadir que en concordancia con lo previsto
  en el Artículo 43, el numeral 40 de la Ley
  señala, en su fracción IV, que la solicitud
  deberá contener el lugar o medio para recibir la
  información o notificaciones.
• De esta forma, la ley se encarga de exigir desde
  el arranque mismo del procedimiento el
  establecimiento de la forma para entablar
  comunicación entre el solicitante y la autoridad,
  correspondiendo al primero definir la vía.
• Ahora bien, dado que el Artículo 43 exige que la
  notificación sea por escrito, los medios
  escogidos por el solicitante deben permitir la
  comunicación escrita. Por eso el Artículo 40, en
  la misma fracción, sugiere una lista que incluye
  al correo electrónico, correo certificado,
  telégrafo y al fax.

50
Artículo 43

• 4. Plazo. La autoridad hará del conocimiento del
  solicitante la negativa dentro de los diez días
  hábiles siguientes a la fecha en que se recibió
  la solicitud correspondiente. Inicialmente el
  plazo era de cinco pero la reforma del año 2005
  duplicó el plazo.
• No obstante la ampliación del plazo, una
  respuesta dentro de los diez días sigue dentro
  del perímetro de celeridad y agilidad exigido por
  una ley avanzada en materia de acceso a la
  información pública.
• Incluso podría considerarse que el plazo original
  de cinco días resultaba demasiado estrecho, sobre
  todo considerando la necesidad de fundamentar y
  motivar adecuadamente toda respuesta negativa.
• De esta forma, el plazo actual es más realista y,
  sin ser excesivo, se hace cargo de la existencia
  de solicitudes que no pueden procesarse
  afirmativamente y que ameritan una búsqueda y
  argumentación suficiente en la que se exprese de
  manera puntual las razones para negar o rechazar
  la solicitud. Ahora bien, el plazo de diez días
  es el máximo concedido para comunicar la
  respuesta negativa. Nada impide que la
  notificación se haga con anterioridad al
  vencimiento del plazo máximo.
• Por último, el plazo de los diez días hábiles
  empieza a contar desde el momento en que se
  recibe la solicitud correspondiente. Será este el
  momento que marque el banderazo de salida para
  que la autoridad active el procedimiento interno,
  defina el sentido de la respuesta y se lo
  comunique al solicitante.
• Llama la atención que a diferencia del Artículo
  44, el numeral en estudio no contemple la
  posibilidad de contar el plazo a partir del
  momento en que se haya desahogado, en su caso, la
  prevención formulada al solicitante.

51
Artículo 44

• El presente Artículo regula el trámite a las
  respuestas positivas a solicitudes de acceso a la
  información pública.
• 1. Plazo. El plazo para satisfacer la respuesta
  positiva es no mayor a diez días hábiles,
  susceptible ampliarse por otros diez. Esto nos da
  un plazo máximo de veinte días. Este plazo
  proviene de una tendencia saludable observada en
  la mayoría de las legislaciones de las entidades
  federativas en el país al contemplar términos más
  cortos que los establecidos a nivel federal. El
  Distrito Federal no es la excepción a esta sana
  tendencia estatal.
• El plazo empieza a correr a partir de la
  recepción de la solicitud o desahogada la
  prevención girada al solicitante.
• El supuesto normativo de contar el plazo a partir
  de que se haya desahogado la prevención se
  incorporó en la reforma de 2005.
• Su inclusión es positiva ya que no obstante la
  figura de la prevención ante solicitudes
  imprecisas o carentes de los requisitos básicos
  data desde el nacimiento de la Ley, la
  normatividad colocaba a la autoridad ante una
  tarea imposible de cumplir en el plazo de los
  diez días revisar el sentido de la solicitud,
  prevenir al solicitante, recibir la solicitud
  aclarada y atenderla en los términos de ley.
• De ahora en adelante, se entiende que el plazo de
  respuesta empieza a correr partir de que la
  solicitud ha sido recibida de acuerdo a los
  requisitos de ley.

52
Artículo 44

• 2. Notificación del pago de derechos. Una vez que
  el ente público responda positivamente una
  solicitud de información, debe notificar al
  solicitante sobre el pago de derechos aludido en
  el Artículo 41 de la Ley. Lamentablemente, no se
  contempla plazo para la realización de la
  notificación, omisión legislativa que puede
  ocasionar algunos efectos negativos en la
  exigencia de celeridad para el desahogo de
  solicitudes. El dictamen legislativo de la
  reforma del año 2005 aludía expresamente a este
  aspecto inmediatez de la notificación al
  interesado sobre el pago de derechos cuando así
  proceda. Por lo anterior y atendiendo al
  propósito del legislador, la notificación debe
  ser inmediata. Por lo demás, la notificación debe
  hacerse en el domicilio o medio señalado por el
  solicitante para recibir notificaciones a que se
  refiere la fracción IV del Artículo 40.
• 3. Entrega de la información. Acreditado el pago
  de los derechos correspondiente, el ente público
  debe entregar la información solicitada. La
  reforma de 2005 disminuye el plazo inicial de
  diez días para la entrega de la información
  liberada y establece un nuevo plazo máximo de
  tres días. La reforma es positiva y contrarresta
  -hasta cierto punto- la modificación legislativa
  de ese año que permitió la ampliación del plazo
  de respuesta. Derivado de la experiencia, se
  acreditó que una vez resuelta positivamente la
  solicitud y comprobado el pago de los derechos
  correspondientes, no había razón válida para
  posponer la entrega de la información. El plazo
  de los tres días es un plazo razonable que
  atiende al principio rector de celeridad.

53
Articulo 44

• 4. Caducidad del trámite. El último párrafo del
  Artículo 44 prevé que después de treinta días
  hábiles de haberse emitido la respuesta, operará
  la caducidad del trámite, y agrega que la
  notificación del acuerdo respectivo se efectuará
  través de los estrados de la Oficina de
  información Pública del ente Público
  correspondiente.
• La idea de este párrafo es brindar certeza
  jurídica y poner un límite temporal al trámite de
  solicitudes que, habiéndose aceptado por el ente
  público, no pudieron culminar con la entrega de
  la información por algún motivo no imputable a
  éste. Si bien una disposición de esta naturaleza
  brinda certidumbre al ente público y le permite
  un mejor manejo administrativo de las
  solicitudes, habría que comprobar hasta dónde la
  práctica justifica su vigencia.

54
Artículo 45

• El presente Artículo, junto con el cuarenta y
  seis, regula la figura de la afirmativa ficta en
  la Ley del Distrito Federal.
• Consecuencia directa del principio de publicidad
  máxima, la afirmativa o positiva ficta
  predisponen la liberación de la información ante
  el incumplimiento del ente público por falta de
  respuesta en tiempo y forma (Artículo 46) o por
  la no entrega de la información en tiempo
  (Artículo 45).
• En efecto, la legislación capitalina contempla
  dos posibles inactividades del ente público en el
  trámite de solicitudes de acceso a la información
  y trata de darles una solución acorde al
  principio de publicidad una, ante la falta de
  respuesta en tiempo y forma (Artículo 46), y
  otra, ante la falta de entrega de la información
  en tiempo (Artículo 45).

55
Artículo 47

• Estamos frente a una prerrogativa de acceso a la
  información donde uno de los principales
  obstáculos para su garantía es el costo que
  pudiera representar al solicitante al obtener la
  información. En el caso de la Ley de
  Transparencia y Acceso a la Información Pública
  del Distrito Federal, se consideran solamente
  costos por la reproducción de los documentos a
  petición del solicitante.
• Los artículos 47 y 48 se refieren al
  procedimiento para acceder a la información
  pública de manera directa, con la ventaja de
  ahorrarle costos al solicitante cuando la
  información no se encuentre digitalizada - esta
  última otra forma gratuita de entregar la
  información.
• Incluso, cuando el solicitante no conoce los
  documentos previa solicitud de copias simples o
  certificadas, puede ocasionarle un gasto
  adicional si el solicitante cae en la cuenta de
  que requería copias de un solo fragmento de
  dichos documentos o fojas. La Consulta Directa es
  una manera eficiente de ahorrar recursos,
  especialmente cuando se trata de un gran número
  de documentos, pues el solicitante puede revisar
  de todos los archivos, aquellos de los cuales
  realmente necesita copia.
• El Artículo 47 también se refiere a que dicha
  consulta será realizada dentro del horario de la
  Oficina de Información, lo que parece razonable
  siempre que dicho horario se le comunique al
  solicitante.

56
Artículo 48

• Detalla la definición del término de Consulta
  Directa y su aplicación para la consulta de
  información pública. El texto aclara que la
  Consulta se aplicará cuando la información
  requerida no se encuentra ya disponible en medios
  digitales o cuando debido a su estado sea
  imposible permitir su acceso directo.
• Este Artículo es referente al Artículo 27, por lo
  tanto, la Consulta Directa es aquella
  posiblemente realizada en el procedimiento de que
  la información sea considerada como pública. En
  este caso, la Ley de Transparencia y Acceso a la
  Información Pública del Distrito Federal
  establece que en caso de que la información se
  encuentre ya digitalizada, el servidor público
  habilitado hará de conocimiento al solicitante
  que puede conocer la información sin necesidad de
  trasladarse a la Oficina de Información, pues
  puede recibirla vía electrónica o correo postal.
  Sin embargo, existe un riesgo en la
  Interpretación de este Artículo que puede
  perjudicar al solicitante.
• Esta disposición no debe entenderse como que el
  solicitante recibirá una versión pública del
  documento original en lugar de una Consulta
  Directa, cuando tal es requerida. La Consulta
  Directa no debe ser negada al solicitante cuando
  los documentos que solicita son de carácter
  público y cuando la versión digitalizada no
  existe.

57
Artículo 49

• Este Artículo encierra en dos líneas una
  obligación fundamental para la autoridad que
  tiene bajo su custodia registros o datos
  originales que obren en sus archivos. La
  importancia de conservar los documentos
  originales es el contar con la fuente de la cual
  se pueden extraer copias y cotejarlas para evitar
  su alteración.
• En la medida en que en ningún momento se permita
  la salida de información original permitirá
  conservarla y resguardarla incluso, dependiendo
  del tipo de documento como memoria histórica de
  la capital.
• El supuesto es que bajo ninguna circunstancia
  esto implica que de no poder extraerse copias de
  los documentos originales de podrá, si el tipo de
  documento lo permite, consultarlo de manera
  directa, en los casos en que hubieran sido
  ofrecidos como pruebas ante autoridades
  jurisdiccionales será la propia autoridad quien
  deberá hacer la inspección ocular en el lugar en
  el que se encuentren los documentos o registros.

58
Artículo 50

• La socialización del Derecho de Acceso a la
  Información dependerá en gran medida de la
  posibilidad de acceder efectivamente a la
  información que se solicita, se pude dar el caso
  de solicitantes que no cuenten con los recursos
  económicos para pagar la reproducción de la
  información solicitada. Esto no debe ser causa de
  una negativa de facto de acceder a la
  información.
• En este Artículo se reconoce la realidad social y
  económica no sólo de la capital sino del país
  entero. El permitir la consulta directa a los
  documentos permitirá por parte del solicitante el
  verificar con que información cuenta el ente
  público ante el cual se hizo la solicitud y una
  vez verificada la información solicitar las
  copias que estime convenientes para que una vez
  que revisó que efectivamente esa sea la
  información que realmente necesite y así estar en
  aptitud de poder solicitar copias de lo que
  efectivamente vaya a requerir.

59
Capítulo II Sistema de Archivos del DF (arts.
51-56)

• Según el Diccionario de la Lengua Española, un
  Archivo es el conjunto ordenado de documentos
  que una persona, una sociedad, una institución,
  etc., producen en el ejercicio de sus funciones o
  actividades. Partiendo de esta noción, se puede
  decir que generar documentos por la función que
  se realiza, implica la obligación de guardarlos y
  ordenarlos de tal forma que, cuando se necesiten
  sea posible localizarlos fácilmente y permita con
  seguridad, tener una visión clara de las
  actividades con determinado nivel de
  especificidad relacionadas con la función que se
  realiza.
• Transfiriendo este concepto al nivel de los Entes
  Públicos, generadores de grandes cantidades de
  documentos e información producto de las
  actividades que realizan, se ven también en la
  necesidad de clasificar y conservar con mayor
  eficiencia toda su documentación, toda vez que
  requieren generar en tiempos cortos informes,
  reportes, periódicos, consultas, así como rendir
  cuentas a las instancias gubernamentales o
  privadas que