An

1

LEY PENAL TRIBUTARIA. - Como impactan las
reformas -

• Análisis de las conductas que generan sanción.

Horacio Félix Cardozo San Martín 201 8 A CABA
Tel. [phone] hcardozo_at_cardozo-lapidus.com.ar
2

• LEY 11.683
• Art. 11. La determinación y percepción de los
  gravámenes que se recauden de acuerdo con la
  presente ley, se efectuará sobre la base de
  declaraciones juradas.........
• Art. 16. Cuando no se hayan presentado
  declaraciones juradas o resulten impugnables las
  presentadas, la AFIP procederá a determinar de
  oficio la materia imponible.....

3

• PLAN ANUAL DE INSPECCION DENUNCIA AZAR
• INSPECCION
• DETERMINACION OFICIO RECTIFICATIVA SIN
  AJUSTE
• DEFENSAS-PRUEBA MULTAS
• presunciones
• RESOLUCION
• APELACION TRIBUNAL FISCAL

4

• LA DETERMINACION DE OFICIO
• La inspección no es Determinación de Oficio
• Derecho de defensa
• Ofrecimiento de prueba
• Resolución con fundamento

5

• PRESUNCIONES Facilitan la tarea de la AFIP
• Hechos
• Razonamiento humano
• Hecho imponible

6

• Requisitos
• Razonabilidad
• Siempre admiten prueba en contrario
• No pueden basarse en otra presunción

7
PRESUNCIONES EN MATERIA PENAL

• Las presunciones resultan hábiles como
  fundamentos de la determinación de oficio del
  monto de ventas gravadas omitidas, pero carecen
  de eficacia para fundar la aplicación de
  sanciones penales, porque lesionarían el
  principio de la responsabilidad subjetiva en
  materia penal
• CSJN, Galli, Carlos 6.4.89.

8

• Tratándose de infracciones de naturaleza penal,
  las imputaciones no pueden basarse en
  presunciones sostenidas por cálculos contables
  como las contempladas en la ley 11.683, sino por
  elementos convincentes de prueba. El mero indicio
  puede servir como base de una investigación, pero
  si dicha investigación no va mas allá de las
  presunciones, no corresponde proseguir la
  investigación.
• CNPECON B, 13.10.93 Serebrenik y O. S/ ley
  23.771

9

• ....pero en modo alguno el juez penal se
  encuentra vinculado con dichas presunciones, toda
  vez que el proceso penal se rige por sus
  principios propios y específicos y se encuentra
  revestido de las garantías jurídicas que le son
  propias. Los valores e intereses en juego en el
  proceso penal y en el proceso administrativo
  resultan disimiles....
• C.Fed.San Martín, Sala I, Mataderos y Frigorífico
  Merlo 9.3.95
• En igual sentido Lavaderos Anca SA 18.4.00.

10
COMO SE INICIA UNA CAUSA PENAL TRIBUTARIA

• Denuncia directa a la justicia
• Lo remite a AFIP
• Denuncia en AFIP
• Lo remite a investigaciones de AFIP e inspección
• Operatoria normal de inspección

11
REGLAS EN LAS INSPECCIONES

•  
• Debo exhibir documentación, libros y
  anotaciones.
• Debo exhibir, pero no entregar libros y papeles
  de comercio.
• No debo entregar fotocopias
• No debo entregar copia de documentación que está
  en poder de DGI.
• Puedo no hacer resúmenes y emitir listados.
• Los plazos no pueden ser inferiores a 10 días.
• Siempre puedo y DEBO pedir vista del expediente.
• Puedo recusar con causa a un inspector.
• Nunca brindar explicaciones verbales concebidas
  como una indagatoria. NADIE ESTA OBLIGADO A
  DECLARAR CONTRA SI MISMO.
• En las actas se deben individualizar la totalidad
  de los elementos analizados.
•  

12
FACULTADES AFIP Y LEY PENAL TRIBUTARIA

• Una vez que interviene un Juez, la AFIP pierde
  facultades de verificar y fiscalizar
• Nadie esta obligado a declarar contra si mismo.
• AFIP no puede exigir información bajo
  apercibimiento de sanciones.
• Que pasa si suministro voluntariamente
  (allanamiento consentido). Es confesión.
• La no contestación no genera sación (formal).
• AFIP lo debe solicitar al juez y este tampoco me
  puede obligar.
• Nulidad de lo actuado bajo compulsión.

13
CONSTITUCION NACIONAL

• Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede
  ser penado sin juicio previo fundado en ley
  anterior al hecho del proceso, ni juzgado por
  comisiones especiales, o sacado de los jueces
  designados por la ley antes del hecho de la
  causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra
  sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden
  escrita de autoridad competente. Es inviolable la
  defensa en juicio de la persona y de los
  derechos. El domicilio es inviolable, como
  también la correspondencia epistolar y los
  papeles privados y una ley determinará en qué
  casos y con qué justificativos podrá procederse a
  su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para
  siempre la pena de muerte por causas políticas,
  toda especie de tormento y los azotes. Las
  cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para
  seguridad y no para castigo de los reos detenidos
  en ellas, y toda medida que a pretexto de
  precaución conduzca a mortificarlos más allá de
  lo que aquélla exija, hará responsable al juez
  que la autorice.

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CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION

• Libertad de declarar
• Art. 296. - El imputado podrá abstenerse de
  declarar. En ningún caso se le requerirá
  juramento o promesa de decir verdad ni se
  ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio
  alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a
  declarar contra su voluntad ni se le harán cargos
  o reconvenciones tendientes a obtener su
  confesión.
• La inobservancia de este precepto hará nulo el
  acto, sin perjuicio de la responsabilidad penal o
  disciplinaria que corresponda.

15
EVASION SIMPLE

• Artículo 1º Será reprimido con prisión de dos
  (2) a seis (6) años el obligado que mediante
  declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas
  o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o
  por omisión, evadiere total o parcialmente el
  pago de tributos al fisco nacional, al fisco
  provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos
  Aires, siempre que el monto evadido excediere la
  suma de cuatrocientos mil pesos (400.000) por
  cada tributo y por cada ejercicio anual, aun
  cuando se tratare de un tributo instantáneo o de
  período fiscal inferior a un (1) año.

16
EVASION AGRAVADA

• ARTICULO 2 La pena será de tres (3) años y seis
  (6) meses a nueve (9) años de prisión, cuando en
  el caso del artículo 1º se verificare cualquiera
  de los siguientes supuestosa) Si el monto
  evadido superare la suma de cuatro millones de
  pesos (4.000.000)
• b) Si hubieren intervenido persona o personas
  interpuestas para ocultar la identidad del
  verdadero sujeto obligado y el monto evadido
  superare la suma de ochocientos mil pesos
  (800.000)c) Si el obligado utilizare
  fraudulentamente exenciones, desgravaciones,
  diferimientos, liberaciones, reducciones o
  cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el
  monto evadido por tal concepto superare la suma
  de ochocientos mil pesos (800.000)d) Si
  hubiere mediado la utilización total o parcial de
  facturas o cualquier otro documento equivalente,
  ideológica o materialmente falsos.

17
APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS

• ARTICULO 3Será reprimido con prisión de tres (3)
  años y seis (6) meses a nueve (9) años el
  obligado que mediante declaraciones engañosas,
  ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o
  engaño, se aprovechare indebidamente de
  reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier
  otro subsidio nacional, provincial, o
  correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos
  Aires de naturaleza tributaria siempre que el
  monto de lo percibido supere la suma de
  cuatrocientos mil pesos (400.000) en un
  ejercicio anual.

18
OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES

• Artículo 4 Será reprimido con prisión de uno
  (1) a seis (6) años el que mediante declaraciones
  engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier
  otro ardid o engaño, sea por acción o por
  omisión, obtuviere un reconocimiento,
  certificación o autorización para gozar de una
  exención, desgravación, diferimiento, liberación,
  reducción, reintegro, recupero o devolución
  tributaria al fisco nacional, provincial o de la
  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

19
APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS

• Artículo 6 Será reprimido con prisión de dos
  (2) a seis (6) años el agente de retención o de
  percepción de tributos nacionales, provinciales o
  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no
  depositare, total o parcialmente, dentro de los
  diez (10) días hábiles administrativos de vencido
  el plazo de ingreso, el tributo retenido o
  percibido, siempre que el monto no ingresado
  superase la suma de cuarenta mil pesos (40.000)
  por cada mes.

20
EVASION SIMPLE PREVISIONAL

• Artículo 7º Será reprimido con prisión de dos
  (2) a seis (6) años el obligado, que mediante
  declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas
  o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o
  por omisión, evadiere parcial o totalmente al
  fisco nacional, provincial o de la Ciudad
  Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o
  contribuciones, o ambos conjuntamente,
  correspondientes al sistema de la seguridad
  social, siempre que el monto evadido excediere la
  suma de ochenta mil pesos (80.000) por cada mes.

21
EVASION AGRAVADA PREVISIONAL

• Artículo 8º La prisión a aplicar se elevará de
  tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años
  cuando en el caso del artículo 7º se verificare
  cualquiera de los siguientes supuestosa) Si el
  monto evadido superare la suma de cuatrocientos
  mil pesos (400.000), por cada mesb) Si
  hubieren intervenido persona o personas
  interpuestas para ocultar la identidad del
  verdadero sujeto obligado y el monto evadido
  superare la suma de ciento sesenta mil pesos (
  160.000).

22
APROPIACION INDEBIDA RECURSOS SEGURIDAD SOCIAL

• Artículo 9º Será reprimido con prisión de dos
  (2) a seis (6) años el empleador que no
  depositare total o parcialmente dentro de los
  diez (10) días hábiles administrativos de vencido
  el plazo de ingreso, el importe de los aportes
  retenidos a sus dependientes, siempre que el
  monto no ingresado superase la suma de veinte mil
  pesos (20.000) por cada mes.Idéntica sanción
  tendrá el agente de retención o percepción de los
  recursos de la seguridad social que no depositare
  total o parcialmente, dentro de los diez (10)
  días hábiles administrativos de vencido el plazo
  de ingreso, el importe retenido o percibido,
  siempre que el monto no ingresado superase la
  suma de veinte mil pesos (20.000) por cada
  mes.La Administración Federal de Ingresos
  Públicos o el organismo recaudador provincial o
  el correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos
  Aires habilitará, a través de los medios técnicos
  e informáticos correspondientes o en los
  aplicativos pertinentes, la posibilidad del pago
  por separado y en forma independiente al de las
  demás contribuciones patronales, de los aportes
  retenidos por el empleador a sus dependientes y
  de las retenciones o percepciones de los agentes
  obligados respecto de los recursos de la
  seguridad social.

23
INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA

• Artículo 10 Será reprimido con prisión de dos
  (2) a seis (6) años el que habiendo tomado
  conocimiento de la iniciación de un procedimiento
  administrativo o judicial tendiente a la
  determinación o cobro de obligaciones tributarias
  o de aportes y contribuciones de la seguridad
  social nacional, provincial o de la Ciudad
  Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la
  aplicación de sanciones pecuniarias, provocare o
  agravare la insolvencia, propia o ajena,
  frustrando en todo o en parte el cumplimiento de
  tales obligaciones.

24
SIMULACION DOLOSA DE PAGO

• Artículo 11 Será reprimido con prisión de dos
  (2) a seis (6) años el que mediante
  registraciones o comprobantes falsos o cualquier
  otro ardid o engaño, simulare el pago total o
  parcial de obligaciones tributarias o de recursos
  de la seguridad social nacional, provincial o de
  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas
  de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean
  obligaciones propias o de terceros.

25
ALTERACION DOLOSA DE REGISTROS

• Artículo 12 Será reprimido con prisión de dos
  (2) a seis (6) años el que de cualquier modo
  sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare,
  modificare o inutilizare los registros o soportes
  documentales o informáticos del fisco nacional,
  provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
  Aires, relativos a las obligaciones tributarias o
  de los recursos de la seguridad social, con el
  propósito de disimular la real situación fiscal
  de un obligado.

26
ADULTERACIÓN SISTEMAS INFORMATICOS

• Artículo 12 bis Será reprimido con prisión de
  uno (1) a cuatro (4) años, el que modificare o
  adulterare los sistemas informáticos o equipos
  electrónicos, suministrados u homologados por el
  fisco nacional, provincial o de la Ciudad
  Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha
  conducta fuere susceptible de provocar perjuicio
  y no resulte un delito más severamente penado.

27
SANCIÓN A SOCIEDADES(primera parte se mantiene
vigente)

• Art. 14. Cuando alguno de los hechos previstos en
  esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la
  ayuda o en beneficio de una persona de existencia
  ideal, una mera asociación de hecho o un ente
  que a pesar de no tener calidad de sujeto de
  derecho las normas le atribuyan condición de
  obligado, la pena de prisión se aplicará a los
  directores, gerentes, síndicos, miembros del
  consejo de vigilancia, administradores,
  mandatarios, representantes o autorizados que
  hubiesen intervenido en el hecho punible
  inclusive cuando el acto que hubiera servido de
  fundamento a la representación sea ineficaz.

28
SANCIÓN A SOCIEDADES

• Incorpóranse al artículo 14 de la Ley 24.769 y
  sus modificaciones, los siguientes
  párrafosCuando los hechos delictivos previstos
  en esta ley hubieren sido realizados en nombre o
  con la intervención, o en beneficio de una
  persona de existencia ideal, se impondrán a la
  entidad las siguientes sanciones conjunta o
  alternativamente1. Multa de dos (2) a diez
  (10) veces de la deuda verificada.2. Suspensión
  total o parcial de actividades, que en ningún
  caso podrá exceder los cinco (5) años.

29
SANCIÓN A SOCIEDADES

• 3. Suspensión para participar en concursos o
  licitaciones estatales de obras o servicios
  públicos o en cualquier otra actividad vinculada
  con el Estado, que en ningún caso podrá exceder
  los cinco (5) años.4. Cancelación de la
  personería, cuando hubiese sido creada al solo
  efecto de la comisión del delito, o esos actos
  constituyan la principal actividad de la
  entidad.5. Pérdida o suspensión de los
  beneficios estatales que tuviere.6. Publicación
  de un extracto de la sentencia condenatoria a
  costa de la persona de existencia ideal.

30
SANCIÓN A SOCIEDADES

• Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán
  en cuenta el incumplimiento de reglas y
  procedimientos internos, la omisión de vigilancia
  sobre la actividad de los autores y partícipes,
  la extensión del daño causado, el monto de dinero
  involucrado en la comisión del delito, el tamaño,
  la naturaleza y la capacidad económica de la
  persona jurídica.Cuando fuere indispensable
  mantener la continuidad operativa de la entidad o
  de una obra o de un servicio en particular, no
  serán aplicables las sanciones previstas por el
  inciso 2 y el inciso 4.

31
ASOCIACION ILICITA FISCAL

• ARTICULO 15. - El que a sabiendas
• a) Dictaminare, informare, diere fe, autorizare o
  certificare actos jurídicos, balances, estados
  contables o documentación para facilitar la
  comisión de los delitos previstos en esta ley,
  será pasible, además de las penas
  correspondientes por su participación criminal en
  el hecho, de la pena de inhabilitación especial
  por el doble del tiempo de la condena.
• b) Concurriere con dos o más personas para la
  comisión de alguno de los delitos tipificados en
  esta ley, será reprimido con un mínimo de CUATRO
  (4) años de prisión.
• c) Formare parte de una organización o asociación
  compuesta por tres o más personas que
  habitualmente esté destinada a cometer cualquiera
  de los delitos tipificados en la presente ley,
  será reprimido con prisión de TRES (3) años y
  SEIS (6) meses a DIEZ (10) años. Si resultare ser
  jefe u organizador, la pena mínima se elevará a
  CINCO (5) años de prisión.

32
PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA

• Artículo 16 El sujeto obligado que regularice
  espontáneamente su situación, dando cumplimiento
  a las obligaciones evadidas, quedará exento de
  responsabilidad penal siempre que su presentación
  no se produzca a raíz de una inspección iniciada,
  observación de parte de la repartición
  fiscalizadora o denuncia presentada, que se
  vincule directa o indirectamente con él.

33
EXTINCION DE LA ACCION PENAL DEROGADO-

• ARTICULO 16. En los casos previstos en los
  artículos 1 y 7 de esta ley, la acción penal se
  extinguirá si el obligado, acepta la liquidación
  o en su caso la determinación realizada por el
  organismo recaudador, regulariza y paga el monto
  de la misma en forma incondicional y total, antes
  de formularse el requerimiento fiscal de
  elevación a juicio. Este beneficio se otorgará
  por única vez por cada persona física o de
  existencia ideal obligada.
• La resolución que declare extinguida la acción
  penal, será comunicada a la Procuración del
  Tesoro de la Nación y al Registro Nacional de
  Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria.

34

• ARTICULO 17. Las penas establecidas por esta
  ley serán impuestas sin perjuicio de las
  sanciones administrativas fiscales.
• En la práctica inaplicable.

35
PROCEDIMIENTO

• Artículo 18 El organismo recaudador formulará
  denuncia una vez dictada la determinación de
  oficio de la deuda tributaria o resuelta en sede
  administrativa la impugnación de las actas de
  determinación de la deuda de los recursos de la
  seguridad social, aun cuando se encontraren
  recurridos los actos respectivos.En aquellos
  casos en que no corresponda la determinación
  administrativa de la deuda se formulará de
  inmediato la pertinente denuncia, una vez formada
  la convicción administrativa de la presunta
  comisión del hecho ilícito.Cuando la denuncia
  penal fuere formulada por un tercero, el juez
  remitirá los antecedentes al organismo recaudador
  que corresponda a fin de que inmediatamente dé
  comienzo al procedimiento de verificación y
  determinación de la deuda. El organismo
  recaudador deberá emitir el acto administrativo a
  que se refiere el primer párrafo en un plazo de
  ciento veinte (120) días hábiles administrativos,
  prorrogables a requerimiento fundado de dicho
  organismo.

36
PROCEDIMIENTO- reemplazado-

• ARTICULO 18. El organismo recaudador, formulará
  denuncia una vez dictada la determinación de
  oficio de la deuda tributaria, o resuelta en sede
  administrativa la impugnación de las actas de
  determinación de la deuda de los recursos de la
  seguridad social, aun cuando se encontraren
  recurridos los actos respectivos.
• En aquellos casos en que no corresponda la
  determinación administrativa de la deuda, se
  formulará de inmediato la pertinente denuncia,
  una vez formada la convicción administrativa de
  la presunta comisión del hecho ilícito.
• Cuando la denuncia penal fuere formulada por un
  tercero, el juez remitirá los antecedentes al
  organismo recaudador que corresponda a fin de que
  inmediatamente dé comienzo al procedimiento de
  verificación y determinación de la deuda. El
  organismo recaudador deberá emitir el acto
  administrativo a que se refiere el primer
  párrafo, en un plazo de noventa días hábiles
  administrativos, prorrogables a requerimiento
  fundado de dicho organismo.
•  

37
CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD -DEROGADO-

• Art.19. Aún cuando los montos alcanzados porla
  determinación de la deuda tributaria o
  previsional fuesen superiores a los previstos en
  los arts. 1,6,7 y 9, el Organismo Recaudador que
  corresponda, no formulará denuncia penal, si de
  las circunstancias del hecho surgiere
  manifiestamente que no se ha ejecutado la
  conducta punible.
• En tal caso, la decisión de no formular la
  denuncia penal deberá ser adoptada mediante
  resolución fundada y previo dictamen del
  correspondiente servicio jurídico, por los
  funcionarios a quienes se les hubiese asiganda
  expresamente esa competencia. Este decisorio
  deberá ser comunicado inmediatamente a la
  Procuración del Tesoro de la Nación, que deberá
  expedirse al respecto.

38
Mejora de redacción

• Artículo 20 La formulación de la denuncia penal
  no suspende ni impide la sustanciación y
  resolución de los procedimientos tendientes a la
  determinación y ejecución de la deuda tributaria
  o de los recursos de la seguridad social, ni la
  de los recursos administrativos, contencioso
  administrativos o judiciales que se interpongan
  contra las resoluciones recaídas en aquéllos.La
  autoridad administrativa se abstendrá de aplicar
  sanciones hasta que sea dictada la sentencia
  definitiva en sede penal. En este caso no será de
  aplicación lo previsto en el artículo 74 de la
  Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
  modificaciones o en normas análogas de las
  jurisdicciones locales.Una vez firme la
  sentencia penal, la autoridad administrativa
  aplicará las sanciones que correspondan, sin
  alterar las declaraciones de hechos contenidas en
  la sentencia judicial.

39
ALLANAMIENTO sin modificaciones-

• ARTICULO 21. Cuando hubiere motivos para
  presumir que en algún lugar existen elementos de
  juicio probablemente relacionados con la presunta
  comisión de alguno de los delitos previstos en la
  presente ley, el organismo recaudador, podrá
  solicitar al juez penal competente las medidas de
  urgencia toda autorización que fuera necesaria a
  los efectos de la obtención y resguardo de
  aquellos.
• Dichas diligencias serán encomendadas al
  organismo recaudador, que actuará en tales casos
  en calidad de auxiliar de la justicia,
  conjuntamente con el organismo de seguridad
  competente.

40
Allanamiento de domicilio

•  
•  
• CONSTITUCIÓN NACIONAL
•  
• Art. 18
•  
• El domicilio es inviolable, como también la
  correspondencia epistolar y los papeles privados
  y una ley determinará en qué casos y con qué
  justificativos podrá procederse a su allanamiento
  y ocupación.
•  
• LEY DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
•  
•  
• Art. 35 ......En el desempeño de esa función la
  ADMINISTRACION FEDERAL podrá
•  
•  
• e) Recabar por medio del Administrador Federal y
  demás funcionarios autorizados por la
  ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS,
  orden de allanamiento al juez nacional que
  corresponda, debiendo especificarse en la
  solicitud el lugar y oportunidad en que habrá de
  practicarse. Deberán ser despachadas por el juez,
  dentro de las VEINTICUATRO (24) horas,
  habilitando días y horas, si fuera solicitado. En
  la ejecución de las mismas serán de aplicación
  los artículos 224, siguientes y concordantes del
  Código Procesal Penal de la Nación.

41

•  
• CODIGO PROCESAL PENAL
•  
• existencia de un delito
• presunción de existencia de pruebas en el
  domicilio a allanar
•  
• Requisitos
• debera ser FUNDADA
• orden escrita
• firmada por un juez
• existir un proceso en curso e identificarlo
• indicación del lugar
• la finalidad del registro (secuestrar libros
  contables, soportes informaticos)
• la autoridad que lo llevara a cabo
• notificarse al interesado, encargado, familiar o
  tercero
• deberá labrarse acta
• en presencia del interesado o quien el designe
• realizada con la presencia de dos testigos
• identificar las cosas que se secuestra  

42

• ALLANAMIENTO SIN ORDEN
•  
• Policia
•  
• incendio, explosión o estrago con amenaza a la
  vida de los habitantes
• denuncia que personas entran con indicios
  manifiestos de cometer ilícitos
• persecución de imputados de delitos
• voces que indican la comisión de delito o socorro

43

• PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO
•  
• verificar la autenticidad de la orden como la
  identidad de los que la ostentan
• NO CONSENTIR el allanamiento y dejar ingresar
• oponerse al ingreso en caso que no haya orden
• comunicarse con el asesor letrado y escribano
• estar presentes en el momento del registro
• exigir que se haga solamente en el domicilio de
  la orden y si se hace igual oponerse
• exigir que no se tomen declaraciones (solo ante
  el juez)
• exigir que el objeto sea cumplido y solo ese
• si ya se encontró lo que buscaban, no permitir
  que sigan buscando otra cosa
• exigir que se inventaríe las cosas que se
  secuestran

44

• VIOLACIÓNDE DOMICILIO
•  
•  
• Art. 150 Será reprimido, .... el que entrare en
  morada o casa de negocio ajena, en sus
  dependencias o en el recinto habitado por otro,
  contra la voluntad expresa o presunta de quien
  tenga derecho de excluirlo.
•  
•  
•  
• Art. 151 Se impondrá ...., al funcionario
  público o agente de la autoridad que allanare un
  domicilio sin las formalidades prescriptas por la
  Ley o fuera de los casos que ella determina.
•  

45
COMPETENCIA

• Artículo 22 Respecto de los tributos nacionales
  para la aplicación de la presente ley en el
  ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
  será competente la justicia nacional en lo penal
  tributario, manteniéndose la competencia del
  fuero en lo penal económico en las causas que se
  encuentren en trámite ante el mismo. En lo que
  respecta a las restantes jurisdicciones del país
  será competente la justicia federal.Respecto de
  los tributos locales, serán competentes los
  respectivos jueces provinciales o de la Ciudad
  Autónoma de Buenos Aires.

46
LEY PENAL MAS BENIGNA

• La CSJN resolvió que el aumento del monto de la
  condición objetiva de punibilidad del delito de
  apropiación indebida de recursos de la seguridad
  social (ley 24.769, art. 9, modificado por la ley
  26.063), hace imperativo aplicar la ley penal mas
  benigna. En consecuencia para constituir delito,
  la apropiación debe ser superior a diez mil
  pesos.
• CSJN, Palero, Jorge Carlos s/ recurso de
  casación, 23.10.2007

47
LEY PENAL MAS BENIGNA

• El carácter actualizador del valor de las
  mercaderías, concorde con las vicisitudes del
  signo monetario, tuvo como motivo delimitar los
  campos del delito y de la contravención. Procuró
  así el legislador de facto evitar que el
  mantenimiento nominal de aquel valor trastocara
  los topes previstos por el legislador de jure y
  condujera, en definitiva, a desplazar al campo
  del delito hechos que, cuantitativamente y a
  valores constantes, el Congreso Nacional, a su
  tiempo y en ejercicios de atribuciones
  constitucionales propias, configuró como simples
  infracciones o contravenciones.
• CSJN, Vicente Crocita, 20.12.74

48
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIONRESUELVE.

• Artículo 1 Instruir a los señores fiscales con
  competencia en materia penal para que
• adopten la interpretación señalada en los
  considerandos y, en consecuencia, se
• opongan a la aplicación retroactiva de la ley
  26.735 por aplicación de los artículos 9
• de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  y 15 del Pacto Internacional
• de Derechos Civiles y Políticos.

49

• Esa variación de los montos que fijan las
  fronteras de la punibilidad ha generado una
  expectativa de impunidad entre los imputados por
  delitos de la Ley Penal Tributaria cometidos con
  anterioridad a la vigencia de la nueva ley y por
  montos que excedían los mínimos del régimen
  original pero que no superan los mínimos del
  nuevo, mediante la aplicación retroactiva de la
  nueva ley que, en ese aspecto, resultaría más
  beneficiosa

50

• Se funda en una lectura desafortunada del
  precedente de la Corte Suprema de Justicia de la
  Nación dictado in re "Jorge Carlos Palero"
  (Fallos 3304544) -en el que se aplicó
  retroactivamente la regla de la ley 26.063 que
  modificó el artículo 9 de la ley Penal Tributaria
  aumentando de cinco mil pesos a diez mil pesos el
  monto mínimo a partir del cual el delito de
  apropiación indebida de recursos de la seguridad
  social era punible- según la cual la doctrina de
  esa decisión daría fundamento a un derecho a la
  aplicación retroactiva mecánica de toda ley que
  aumenta los montos mínimos a partir de los cuales
  son punibles delitos como los de la Ley Penal
  Tributaria.

51

• La aplicación retroactiva de la ley penal más
  benigna a la que se tiene derecho en virtud de
  las disposiciones de los artículos 9 de la
  Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15
  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
  Políticos no consiste en la aplicación mecánica o
  irreflexiva de cualquier ley posterior al hecho
  imputado por la sola razón de que ella
  beneficiaría al acusado en comparación con la ley
  vigente en el momento de comisión del hecho. E l
  sentido del principio es asegurar que las penas
  no se impongan o mantengan cuando la valoración
  social que pudo haberlas justificado en el pasado
  ha cambiado, de modo que lo que antes era
  reprobable ahora no lo es, o no lo es tanto. Por
  ello, al sancionarse una nueva ley cuya
  aplicación retroactiva podría beneficiar al
  imputado de un delito, la aplicación del
  principio exige evaluar si la nueva ley es la
  expresión de un cambio en la valoración de la
  clase de delito que se imputa.

52

• El aumento de los montos mínimos de la Ley Penal
  Tributaria que dispuso la ley 26.735 respondió al
  objetivo principal de actualizarlos compensando
  la depreciación sufrida por la moneda nacional
  durante el período de vigencia de la ley 24.769.

53

• El aumento de montos dispuesto por la ley 26.735,
  por ser una actualización para compensar una
  depreciación monetaria, no genera un derecho a su
  aplicación retroactiva en lostérminos de los
  artículos 9 de la Convención Americana sobre
  Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de
  Derechos Civiles y Políticos-

54

• Más allá del acierto o el error del criterio
  escogido para la actualización de los montos, la
  discusión parlamentaria no deja dudas acerca de
  que la intención de los legisladores en este
  aspecto de la reforma fue la de actualizar esas
  sumas a fin de mantener el objetivo perseguido
  con la adopción de la ley 24.769 en 1997, a
  saber, el de limitar la persecución penal por los
  delitos tributarios a aquellos que superan cierto
  umbral de valor económico.

55

• El proyecto del Poder Ejecutivo incluía una regla
  finalmente excluida del texto sancionado- que
  hacía explícito que "el monto fijado como
  condición objetiva de punibilidad en los
  distintos ilícitos contemplados en la presente,
  no dará lugar a la aplicación del principio de
  ley penal más benigna" y disponía que "en los
  hechos cometidos con anterioridad resultarán
  aplicables los montos vigentes a la fecha de su
  respectiva comisión" (cf. art. 15 del proyecto
  del Poder Ejecutivo). La cláusula desapareció del
  texto

56

• la actualización del monto de una multa no
  constituye una agravación de la pena si ella está
  dirigida a asegurar que personas que cometieron
  delitos idénticos en un mismo momento se
  enfrenten a penas de multa de idéntico valor
  económico a pesar de que unos sean sancionados
  más tarde que los otros en un contexto en el que
  la moneda en la que está expresado el valor de la
  multa se deprecia. En ese contexto, la
  actualización garantiza un trato igualitario a
  través del tiempo.

57

• a los efectos de evaluar el carácter más
  beneficioso de una ley posterior al momento de
  comisión del hecho imputado, debe practicarse una
  "comparación integral" entre las leyes en juego.
  Para que la. ley posterior al hecho genere un
  derecho a su aplicación retroactiva ella debe ser
  más beneficiosa que la ley vigente en el momento
  de comisión tomando en cuenta todos las
  disposiciones de la nueva ley y comparándolas con
  todas las disposiciones de la ley vigente al
  tiempo del hecho. Una ley compleja, como la ley
  26.735, bien podría beneficiar con una de sus
  disposiciones -por ejemplo, con el aumento del
  monto que fijara una frontera para la aplicación
  de una agravación punitiva-, pero perjudicar con
  otra -por ejemplo, con la inclusión de una nueva
  condición para la agravación punitiva que fuera
  independiente del monto-.

58

• el derecho constitucionalmente asegurado a la
  aplicación de la ley posterior al hecho más
  beneficiosa no permite escoger las disposiciones
  más favorables de la ley posterior y desechar las
  adversas, manteniendo las disposiciones más
  favorables de la ley derogada y omitiendo las
  adversas o bien se aplica retroactivamente toda
  la ley vigente, o bien se mantiene toda la ley
  derogada. Los artículos 9 de la Convención
  Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto
  Internacional de Derechos Civiles y Políticos no
  reconocen un derecho a la aplicación de una ley
  que, en rigor, nunca existió.

59
PROBATION

• Agréguese como último párrafo del artículo 76 bis
  del Código Penal de la Nación el
  siguienteArtículo 76 bis...Tampoco
  procederá la suspensión del juicio a prueba
  respecto de los ilícitos reprimidos por las Leyes
  22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones.

60
PROBATION

• ARTICULO 76 bis.- El imputado de un delito de
  acción pública reprimido con pena de reclusión o
  prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá
  solicitar la suspensión del juicio a prueba.
• En casos de concurso de delitos, el imputado
  también podrá solicitar la suspensión del juicio
  a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
  prisión aplicable no excediese de tres años.
• Al presentar la solicitud, el imputado deberá
  ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
  en la medida de lo posible, sin que ello implique
  confesión ni reconcimiento de la responsabilidad
  civil correspondiente. El juez decidirá sobre la
  razonabilidad del ofrecimiento en resolución
  fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no
  la reparación ofrecida, y en este último caso, si
  la realización del juicio se suspendiere, tendrá
  habilitada la acción civil correspondiente.
• Si las circunstancias del caso permitieran dejar
  en suspenso el cumplimiento de la condena
  aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal,
  el Tribunal podrá suspender la realización del
  juicio.
• Si el delito o alguno de los delitos que integran
  el concurso estuviera reprimido con pena de multa
  aplicable en forma conjunta o alternativa con la
  de prisión, será condición, además, que se pague
  el mínimo de la multa correspondiente.
• El imputado deberá abandonar en favor del estado,
  los bienes que presumiblemente resultarían
  decomisados en caso que recayera condena.
• No procederá la suspensión del juicio cuando un
  funcionario público, en el ejercicio de sus
  funciones, hubiese participado en el delito.
• Tampoco procederá la suspensión del juicio a
  prueba respecto de los delitos reprimidos con
  pena de inhabilitación.

61
PROBATION

• No alterarán los regímenes especiales dipuestos
  por las leyes 23737 y 23771

62
PROBATION

• Interpretación amplia. Interpretación pro homine
• Procedencia del beneficio en el caso de delitos
  cuya pena en abstracto supera los tres años de
  prisión, pero permiten el dictado de una condena
  en suspenso conforme el 26

63
PROBATION- Condenación condicional

• ARTICULO 26.- En los casos de primera condena a
  pena de prisión que no exceda de tres años, será
  facultad de los tribunales disponer en el mismo
  pronunciamiento que se deje en suspenso el
  cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser
  fundada, bajo sanción de nulidad, en la
  personalidad moral del condenado, su actitud
  posterior al delito, los motivos que lo
  impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y
  las demás circunstancias que demuestren la
  inconveniencia de aplicar efectivamente la
  privación de libertad. El tribunal requerirá las
  informaciones pertinentes para formar criterio,
  pudiendo las partes aportar también la prueba
  útil a tal efecto.
• Igual facultad tendrán los tribunales en los
  casos de concurso de delitos si la pena impuesta
  al reo no excediese los tres años de prisión.
• No procederá la condenación condicional respecto
  de las penas de multa o inhabilitación.

64
PROBATION

• CSJN Nanut
• Primera vez que la Corte admite la procedencia
  del beneficio de la probation en casos de delitos
  de la ley penal tributaria, no obstante las
  limitaciones sobre el tope de la escala penal
  prevista en el 76 bis e implicitamente deja de
  lado la restricción del art. 10 de la ley 24.316
  que excluia a los delitos de la ley 23.771.

65
CRITICAS

• Incorporación renta local. Interjurisdiccionalidad
  de los hechos imponibles y problemas
  procedimental penal
• Utilización facturas apocrifas sin monto
• Eliminación de la extinción penal
• Eliminación de la suspensión del juicio a prueba
  (probation). Contradice a la CSJN
• Sanción a sociedades. Posibilidad de doble
  persecusión.

66

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RECOMENDACIONES.