Avances del Estudio de la Comisi

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Avances del Estudio de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sobre Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos

• Avance del estudio de la Comisión Interamericana
  de Derechos Humanos sobre seguridad ciudadana y
  derechos humanos

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• La relación entre los derechos humanos y la
  seguridad ciudadana en las Américas ha estado
  presente en forma permanente en el trabajo de la
  CIDH (a través de audiencias durante sus períodos
  de sesiones sistema de peticiones y medidas
  cautelares informes temáticos e informes
  específicos, emitidos a partir de visitas in
  locco a distintos países de la región.

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Objetivo del informe

• Proponer a los Estados Miembros recomendaciones
  para contribuir a mejorar las instituciones, las
  leyes, las políticas, los programas y las
  prácticas sobre prevención y control de la
  criminalidad y la violencia
• Identificar los estándares internacionales de
  derechos humanos en su relación con la seguridad
  ciudadana, a partir de lo establecido en las
  normas del Derecho Internacional de los Derechos
  Humanos, particularmente en los instrumentos que
  integran al Sistema Interamericano.

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Proceso de elaboración del informe

• Audiencia 14 de octubre de 2005. Presentación de
  documento conceptual por organizaciones no
  gubernamentales. Se considera la preparación de
  un informe temático por parte de la CIDH
• Decisión de la CIDH de elaborar el informe
• Reunión de expertos en Washington del 30 de mayo
  (aspectos técnicos y metodología)
• Diciembre 2007 cuestionario dirigido a Estados
  Miembros y organizaciones no gubernamentales

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Acuerdo de cooperación

• Con la Oficina para América Latina y el Caribe
  del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
  (UNICEF)
• Incorporación de la Oficina de la Alta
  Comisionada de las Naciones Unidas para los
  Derechos Humanos (OACNUDH)

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• Segunda reunión de expertos (Bogotá, 18 de
  septiembre de 2008)
• Consultas sub-regionales con representantes de
  Estados Miembros, organizaciones no
  gubernamentales y expertos Cono Sur (Asunción,
  Paraguay, noviembre 2008) Centroamérica, Caribe
  y México (San José, Costa Rica, marzo 2009)
  Países Andinos (Bogotá, marzo de 2009).
• Análisis de los avances existentes en la materia,
  incorporados en investigaciones, estudios y otros
  trabajos académicos en la región

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Necesidad de precisar el concepto de seguridad
ciudadana

• Para determinar la fuente de las obligaciones de
  los Estados Miembros conforme a los instrumentos
  del Derecho Internacional de los Derechos
  Humanos.
• En el orden jurídico internacional de los
  Derechos Humanos no se encuentra consagrado
  expresamente el derecho a la seguridad frente al
  delito o a la violencia interpersonal o social

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Fuente de las obligaciones internacionales del
Estado

• Plexo normativo integrado por aquellos derechos
  que deben ser garantizados por su especial
  vulnerabilidad frente a hechos violentos o
  delictivos, cuya prevención y control es el
  objetivo de las políticas sobre seguridad
  ciudadana
• En especial el derecho a la vida el derecho a
  la integridad física el derecho a la libertad y
  el derecho al uso pacífico de los bienes (sin
  perjuicio de otros derechos que se analizan en el
  informe)

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• La definición de seguridad ciudadana es, en
  algunas ocasiones, demasiado amplia (incorporando
  la garantía de otros derechos humanos), y en
  otras ocasiones demasiado restrictiva
  (limitándose a la actividad del sistema de
  control policial-judicial estatal)
• Por otra parte, se utilizan diferentes
  expresiones para referirse al objeto de estudio
  (seguridad pública seguridad humana orden
  público etc.)

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Seguridad ciudadana

• Es el concepto más adecuado para el abordaje de
  los problemas de criminalidad y violencia desde
  una perspectiva de derechos humanos
• Porque centra el tema en la construcción de
  mayores niveles de ciudadanía democrática
• Porque señala con claridad que el objetivo
  central de las políticas que se definan en la
  materia es la persona humana, y no la seguridad
  del Estado o el de determinado orden político.

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Definición de seguridad ciudadana adoptada en el
informe

• Situación donde las personas pueden vivir libres
  de las amenazas generadas por la violencia y el
  delito, a la vez que el Estado tiene las
  capacidades necesarias para garantizar y proteger
  los derechos humanos directamente comprometidos
  frente a las mismas
• Desde un enfoque de derechos humanos, es una
  condición donde las personas viven libres de la
  violencia practicada por actores estatales o no
  estatales.
• En este marco, la seguridad ciudadana es una de
  las dimensiones de la seguridad humana, garantía
  para el desarrollo humano

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La seguridad ciudadana en las Américas

• Las políticas de ajuste estructural comenzaron a
  generar, a partir de la década de los años
  ochenta, un marcado deterioro en el papel de
  Estado como garante del pacto social de
  convivencia y dispararon procesos de profundos
  cambios culturales, primordialmente relacionados
  con una nueva forma de organización de las
  relaciones sociales y personales.
• Esta transformación cultural es uno de los
  factores que mayor incidencia ha tenido sobre la
  seguridad ciudadana en los países de la región,
  donde se verifican algunos de los índices más
  altos del mundo de criminalidad y de violencia,
  afectando principalmente a los jóvenes como
  víctimas y victimarios.
• Además, se han incrementado en forma constante
  los delitos contra la propiedad o hurtos, lo que
  afecta, en general, a los sectores de ingresos
  medios y bajos de la población.

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• Las políticas sobre seguridad ciudadana que
  históricamente se implementaron en el hemisferio
  se han caracterizado, en términos generales, por
  su desvinculación con los estándares
  internacionales en materia de derechos humanos.
  Esto ha sucedido en los dos modelos más
  representativos de esas políticas el modelo
  represivo y el modelo negacionista.
• Ambos modelos coinciden en negar la posibilidad
  de implementar políticas de seguridad ciudadana
  desde un efectivo enfoque de derechos humanos.

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Modelo represivo

• Caracterizado por implementar estrategias de
  tolerancia cero o mano dura
• Ineficaces para reducir los índices de
  criminalidad y que, por el contrario, han tenido
  como consecuencia el incremento de la violencia
  social, constituyéndose además en fuente de
  violación de los derechos humanos
• Impunidad y desarrollo de estructuras criminales
  de poder

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Modelo negacionista

• Plantea que los problemas de inseguridad frente
  al delito y a la violencia no existen
  objetivamente (solamente se trata de una
  construcción de los grupos de poder más
  conservadores de la sociedad)
• Relación entre derechos humanos y seguridad
  ciudadana se limita exclusivamente al
  señalamiento de las obligaciones negativas de los
  Estados, atendiendo a los límites que éstos deben
  respetar en la implementación de las políticas de
  seguridad.

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Los asuntos de seguridad ciudadana en las
Américas como problemas de derechos humanos

• Lleva a considerar el alcance de las obligaciones
  de respetar, de proteger y de garantizar estos
  derechos asumidas internacionalmente por los
  Estados Miembros
• las obligaciones negativas (u obligaciones de no
  hacer o de no interferir en el goce de
  determinados derechos)
• las obligaciones positivas (u obligaciones de
  hacer, o de prestación), que pueden llegar a
  involucrar no solamente las relaciones entre las
  personas y el Estado, sino incluso las relaciones
  entre personas o grupos de personas en una
  sociedad democrática

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• El informe valora las acciones de los Estados
  Miembros atendiendo a si éstas contribuyen o no a
  proteger y a garantizar el núcleo de derechos
  humanos comprometidos frente a situaciones de
  criminalidad o violencia, para lo cuál debe
  organizarse todo el aparato gubernamental y
  disponerse las medidas correspondientes en el en
  plano normativo y de los procedimientos
  institucionales

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En este marco

• Las limitaciones o restricciones a las que puede
  someterse lícitamente el ejercicio de
  determinados derechos humanos, debe hacerse
  teniendo en cuenta los estándares establecidos
  internacionalmente, como guía y a la vez como
  límite infranqueable para las intervenciones del
  Estado
• el diseño, implementación y evaluación de las
  políticas sobre seguridad ciudadana en la región
  tienen que estar definidos por el encuadre que
  proporcionan los principios internacionales de
  derechos humanos, especialmente, los principios
  de participación de rendición de cuentas y de
  no-discriminación.

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Política pública sobre seguridad ciudadana

• Entendida como los lineamientos o cursos de
  acción que definen las autoridades de los Estados
  para alcanzar un objetivo determinado, y que
  contribuyen a crear o a transformar las
  condiciones en que se desarrollan las actividades
  de los individuos o grupos que integran la
  sociedad
• Herramienta para que los Estados miembros cumplan
  con sus obligaciones de protección y garantía de
  los derechos humanos, atendiendo las diferentes
  dimensiones de los problemas que originan la
  criminalidad y la violencia, mediante un abordaje
  integral los mismos.

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• Las obligaciones positivas asumidas por los
  Estados implican que éstos deben generar las
  condiciones para que la política pública sobre
  seguridad ciudadana contemple prioritariamente el
  funcionamiento de una estructura institucional
  eficiente, que garantice a la población el
  efectivo ejercicio de los derechos humanos
  relacionados con la prevención y el control de la
  violencia y el delito

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Dificultades verificadas

• la atención a las víctimas de la violencia y el
  delito
• la privatización de los servicios de seguridad
• la gobernabilidad de la seguridad ciudadana
• la profesionalización y modernización de las
  fuerzas policiales
• la intervención de las fuerzas armadas en tareas
  de seguridad ciudadana

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• El informe realiza un análisis específico de los
  siguientes derechos los derechos humanos
  especialmente comprometidos en la política
  pública sobre seguridad ciudadana, y a las
  obligaciones negativas y positivas de protección
  y garantía que deben respetar los Estados
  miembros
• derecho a la vida
• el derecho a la el derecho a la integridad
  física
• el derecho a la libertad y la seguridad
  personales
• el derecho al disfrute pacífico de los bienes.
• Asimismo, analiza el derecho a las garantías
  procesales y a la protección judicial el derecho
  a la privacidad y a la protección de la honra y
  la dignidad el derecho a la libertad de
  expresión el derecho a la libertad de reunión y
  asociación y el derecho a la participación en
  los asuntos de interés público

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• Conclusiones
• Recomendaciones específicas dirigidas a los
  Estados Miembros

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Muchas gracias.
RM00044S